Condenan al propietario de una granja por la muerte de un trabajador migrante que conmocionó a Italia
Los sindicatos italianos están presionando al Gobierno para que adopte más medidas para combatir la explotación de los trabajadores agrícolas migrantes.
Un tribunal de Latina, al sur de Roma, condenó el miércoles al propietario de una explotación agrícola, Antonello Lovato, a 16 años de prisión por la muerte de Satnam Singh, un trabajador indio cuyo caso se convirtió en un símbolo de la explotación laboral en el sector agrícola italiano.
Conocida como caporalato, la explotación sistemática de los trabajadores agrícolas en la península suele estar entrelazada con redes de delincuencia organizada.
Singh, que entonces tenía 31 años, perdió un brazo en junio de 2024 mientras manejaba una máquina de envoltura de plástico sin protecciones en la finca de Lovato. En lugar de pedir ayuda, Lovato lo subió a una furgoneta, con el brazo amputado dentro de una caja de fruta, y lo dejó frente a su casa, donde le esperaba su pareja, Soni. Singh falleció en el hospital, al llegar demasiado tarde para que pudiera salvarse.
Los jueces declararon a Lovato culpable de homicidio voluntario con «intención eventual», lo que significa que no se propuso matar a Singh, pero siguió adelante a sabiendas de que sus acciones podrían causarle la muerte. La fiscalía había solicitado una pena de 22 años, pero la condena se redujo tras reconocerse circunstancias atenuantes.
Inspecciones más estrictas
En otro juicio, aún en curso, se acusa a Lovato de explotación laboral. Un inspector de los Carabinieri declaró que Singh no tenía contrato formal ni permiso de residencia, y que ese día solo se habían declarado dos trabajadores agrícolas. La fiscalía afirma que a los jornaleros se les pagaba 5,50 € la hora, en negro.
Los sindicatos reaccionaron rápidamente. La Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), parte civil en el juicio, calificó el veredicto de «un paso hacia la justicia, largamente esperado». El sindicato señaló con el dedo a «un sistema de explotación basado en la intermediación ilegal, el trabajo no declarado, la coacción y la negación de la dignidad de los trabajadores», y pidió inspecciones más estrictas a la espera del segundo juicio.
El Gobierno destaca las medidas adoptadas desde la muerte de Singh, entre ellas un decreto laboral de 934 millones de euros aprobado en mayo, dirigido en parte contra la «contratación ilegal digital» en el trabajo a través de plataformas, además de compromisos de realizar más inspecciones agrícolas —algunas con drones— y de contratar más inspectores.
Los sindicatos afirman que la respuesta ha sido insuficiente. El secretario local de la CGIL, Giovanni Mininni, declaró en junio que la mesa redonda sobre el trabajo a través de intermediarios, prometida por el Gobierno tras la muerte de Singh, «no se ha convocado en dos años», y citó un incendio mortal que acabó con la vida de trabajadores agrícolas migrantes en Amendolara, Calabria, como prueba de que «poco ha cambiado».
(Editado por adm, cm/Euractiv.com y Luis de Zubiaurre Wagner/Euractiv.com/es)
