El Consejo Constitucional francés aprueba la ley sobre la muerte asistida
El propio paciente se administrará la sustancia letal, salvo en el caso de quienes no puedan hacerlo físicamente, que podrán recibir la ayuda de un profesional sanitario.
La máxima autoridad constitucional de Francia ratificó este viernes en su totalidad la ley que concede a los adultos que padecen una enfermedad incurable el derecho a la muerte asistida, al tiempo que dictaminó que algunas disposiciones requerían una aclaración.
La ley fue aprobada por el Parlamento francés a mediados de julio, tras años de debate público, que incluyeron una Convención Ciudadana y posteriores debates legislativos. La sentencia supone una victoria para el presidente Emmanuel Macron, quien prometió una ley de este tipo cuando fue reelegido para un segundo mandato en 2022. El propio presidente acogió con satisfacción el viernes la decisión, de la que afirmó que «pone fin a un debate democrático ejemplar».
Para poder acogerse a la muerte asistida, el paciente debe ser mayor de edad, ciudadano francés o residente de larga duración. Debe sufrir un dolor que no responda al tratamiento o que, en opinión del paciente, sea insoportable si ha optado por no recibir tratamiento o por interrumpirlo.
Un médico se encarga de verificar que el paciente cumple los requisitos antes de que un comité evalúe si se han cumplido los criterios. Una vez concedida la autorización médica, el paciente debe esperar un mínimo de dos días antes de que se lleve a cabo el procedimiento. También debe confirmar su decisión ese mismo día, aunque puede retirar su consentimiento en cualquier momento.
El propio paciente se administrará la sustancia letal, salvo en el caso de quienes no puedan hacerlo físicamente, en cuyo caso podrán recibir la ayuda de un profesional sanitario.
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La aprobación por parte del Consejo Constitucional supondrá que Francia se sume a los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, España, Suiza y Canadá, que ya han legalizado esta práctica.
Cláusula de conciencia
Aunque el Consejo confirmó la ley, señaló tres «reservas interpretativas» en las que las disposiciones requieren una aclaración, incluida la cláusula de conciencia que permite a los profesionales sanitarios, en particular a enfermeros y farmacéuticos, negarse a participar en el procedimiento.
La cláusula también debe aplicarse a los centros sanitarios privados en los que la muerte asistida sea «manifiestamente contraria» a su misión, siempre que no sean los únicos establecimientos capaces de satisfacer las «necesidades locales», señaló la autoridad constitucional. Al limitarse a estas tres reservas, el Consejo no está pidiendo que se reescriba el texto.
(Editado por Euractiv.com y Luis de Zubiaurre Wagner/Euractiv.com/es)
