El Tribunal de Justicia de la UE se pronunciará sobre la legalidad de la polémica amnistía catalana
La ley formaba parte de un paquete de concesiones acordado entre el presidente Pedro Sánchez y el partido separatista catalán Junts.
MADRID – Se espera que el máximo tribunal de la UE ponga fin a un capítulo político tumultuoso de la historia reciente de España con una sentencia que se dictará esta semana sobre la controvertida y cuestionada amnistía concedida a los separatistas catalanes.
El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) se pronunciará el 16 de julio sobre si la legislación de 2024, destinada a indultar a cientos de diputados y activistas separatistas catalanes que organizaron o participaron en el referéndum ilegal y unilateral de Cataluña de 2017, incumple el derecho europeo.
A pesar de la prohibición de la consulta, el 92 %de los catalanes votó «sí» a la independencia, con una participación del 43 %, lo que desencadenó la peor crisis política de España en décadas.
La controvertida Ley de Amnistía se aprobó en el Parlamento español por un margen muy estrecho y formó parte de un paquete de concesiones acordado entre Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, y el partido separatista catalán Junts para asegurar su mayoría parlamentaria y su posición como líder nacional.
Los detractores de la ley la califican de pago político ilegal realizado por el Partido Socialista (PSOE) por motivos de interés propio. Quienes la apoyan, incluidos los responsables del Gobierno, han afirmado que la medida era un paso necesario hacia una «reconciliación» entre Madrid y Barcelona.
Ahora, el Tribunal de Justicia de la UE resolverá las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. En primer lugar, determinará si el referéndum de independencia catalán de 2017 —liderado por el entonces presidente Carles Puigdemont y otros— perjudicó los intereses financieros de la UE.
En segundo lugar, determinará si pueden ser indultados de los cargos de terrorismo los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), la agrupación separatista catalana que prestó apoyo logístico al referéndum. La Fiscalía acusó al grupo de posesión de explosivos y de intentar asaltar el Parlamento regional.
El futuro de Puigdemont
La sentencia del TJUE es especialmente relevante para el futuro de Puigdemont, el separatista catalán y líder de Junts, dado que los procesos judiciales nacionales en los que están implicados numerosos legisladores catalanes de alto rango —incluido él mismo—, acusados de malversación de fondos públicos, están en suspenso hasta que el máximo tribunal de la UE dicte su veredicto.
Otros, inhabilitados para ejercer cargos públicos tras haber sido encarcelados, como el líder de la formación de izquierdas Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, esperan el indulto.
Puigdemont continúa su exilio autoimpuesto en Bélgica debido a una orden de detención del Tribunal Supremo español por la presunta malversación de 1,9 millones de euros de fondos públicos para financiar el referéndum.
Tras haber impugnado en repetidas ocasiones la negativa del Tribunal Supremo a anular la orden de detención, Puigdemont ha elevado el asunto al Tribunal Constitucional español alegando violaciones de los derechos fundamentales.
«La sentencia del TJUE no resolvería de inmediato la situación jurídica de Puigdemont», afirmó Agustín Ruíz Robledo, catedrático emérito de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. Una vez que el veredicto se haga público, los tribunales españoles tendrán que interpretar la sentencia y decidir si los cargos de malversación pueden ser indultados en virtud de la legislación nacional, explicó el jurista a Euractiv.
Sin embargo, a pesar de que el Tribunal Constitucional confirmó la legalidad y legitimidad de la ley en 2025, Robledo sostiene que no es seguro que sea absuelto. A principios de este año, el mismo tribunal decidió mantener la orden de detención contra él a la espera de que se resolviera su recurso de casación.
¿Luz verde?
Los diputados españoles se preparan para el veredicto, ya que, según algunas informaciones, Sánchez espera un resultado favorable para mejorar las tensas relaciones con su aliado Junts y desbloquear el grave estancamiento parlamentario del país. La oficina de Sánchez no respondió a las solicitudes de comentarios de Euractiv.
Aunque el Abogado General del TJUE respaldó recientemente la legalidad de la ley, incluso en lo relativo a los cargos de malversación y terrorismo —lo que podría allanar el camino para una sentencia favorable—, Robledo señaló que el debate sobre la amnistía ha provocado profundas divisiones en Bruselas.
«Normalmente, el TJUE seguiría esa línea», afirmó Robledo. Sin embargo, señaló que la Comisión Europea sostiene que la ley constituye una «autoamnistía», es decir, que la legislación se aprobó con los votos de quienes se beneficiarán de ella —en este caso, Junts—, lo que contraviene el derecho de la UE.
A pesar del veredicto histórico, sea favorable o no, Robledo explicó que el asunto volverá a los tribunales españoles, que interpretarán y aplicarán la sentencia de la UE, condenando o absolviendo a los acusados. «La ley de amnistía supuso una escisión, no solo para el poder judicial, sino también para la sociedad española», añadió. «La sentencia del TJUE aún no pone fin al asunto; la última palabra la tendrán los tribunales españoles».
(Editado por bw, mm/Euractiv.com y Luis de Zubiaurre Wagner/Euractiv.com/es)
