Cómo puede la UE hacer frente a la agresión tecnológica de Trump

Desde el regreso del presidente estadounidense Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, la dependencia de Europa respecto a la tecnología estadounidense se ha convertido en un lastre; en «cartas», según la jerga de Trump, con las que formar una mano geopolítica ganadora.

La administración Trump 2.0 ha utilizado la fuerza bruta contra la UE: restringiendo el acceso a los principales modelos de IA, sancionando a un fiscal y a jueces de la Corte Penal Internacional con sede en la UE (lo que incluyó no solo la suspensión de su acceso al entorno de trabajo digital, sino también el bloqueo de sus transferencias bancarias y del acceso al software estadounidense), y prohibiendo la entrada en EE. UU. a ciudadanos de la UE y a un antiguo funcionario de la Comisión Europea vinculado a la normativa sobre discurso de odio en línea.

Washington también pasó tres meses sopesando si incluir a 17 países de la UE en una prohibición de exportación de chips de IA iniciada bajo el mandato del expresidente Joe Biden, aunque finalmente decidió no hacerlo.

Ante tal hostilidad impulsada por la tecnología por parte del que en su día fuera un aliado incondicional, es posible que el bloque no tenga más remedio que plantar cara a EE. UU. jugando sus propias «cartas» tecnológicas estratégicas.

Reducir la dependencia tecnológica

El primer paso del bloque se ha centrado en reducir su dependencia de la tecnología estadounidense, al tiempo que reconoce que la soberanía llevará tiempo.

La legislación de la UE sobre semiconductores, computación en la nube, comunicaciones por satélite y tecnología cuántica tiene como objetivo el desacoplamiento de la infraestructura dominante de EE. UU.

Aunque los tratados de la UE limitan el papel formal del bloque en materia de política industrial a la mera coordinación, las recientes iniciativas de la Comisión se están acercando a una política industrial de facto para los sectores de la nube y los semiconductores, según explicó a Euractiv Alexandre de Streel, del grupo de reflexión CERRE, con sede en Bruselas.

«Políticas del lado de la demanda»

El enfoque de la Comisión combina medidas del lado de la oferta, como el desarrollo de la capacidad industrial, con «políticas del lado de la demanda» diseñadas para orientar a los clientes hacia la tecnología de desarrollo propio, añadió de Streel. «Creo que este tipo de dinámica puede ser mucho más eficaz que una legislación centrada en la oferta», afirmó.

Un contrato de nube soberana adjudicado por el ejecutivo de la UE en abril otorgó «una especie de sello de excelencia», señaló de Streel, que se espera que anime a las entidades de los sectores público y privado a contratar los mismos servicios en la nube.

Presentada en junio, la Ley de Desarrollo de la Nube y la IA incluye otra medida orientada a la demanda al facultar a la Comisión para contratar conjuntamente servicios en la nube en nombre de los países de la UE.

Del mismo modo, la revisión de la Ley de Chips incluye medidas orientadas a la demanda a través de iniciativas destinadas a desarrollar semiconductores europeos de IA para centros de datos.

Ampliar la capacidad de cálculo de la IA

La Comisión tiene previsto utilizar las gigafábricas de IA insignia de la UE —una iniciativa público-privada de 30.000 millones de euros para ampliar masivamente la capacidad de cálculo de la IA en territorio europeo — para que actúen como clientes de referencia de los nuevos chips europeos de IA.

Una convocatoria de 140 millones de euros para desarrollar servidores de IA soberanos, lanzada por un organismo de la UE que trabaja bajo la dirección de la Comisión, pretende alinearse con la segunda fase de construcción de las gigafábricas de IA, proporcionando así a los fabricantes de chips emergentes de Europa sus primeros clientes importantes.

De tener éxito, la estrategia validaría el enfoque de la UE para desarrollar servidores y centros de IA soberanos, acelerando la adopción por parte del mercado de infraestructuras clave.

Pero más allá del lento proceso de expansión de las infraestructuras, la UE dispone de palancas más rápidas que podría accionar frente a Washington.

Más medidas coercitivas… e impuestos

La Comisión podría intensificar las investigaciones sobre las grandes empresas tecnológicas estadounidenses al amparo de la legislación vigente de la UE, que abarca la competencia, la desinformación y la inteligencia artificial.

Impulsar una serie de cambios significativos que afecten a los gigantes estadounidenses y a sus modelos de negocio extractivos podría mermar parte de su poder de mercado y probablemente provocaría la ira de Trump.

Tanto Andrea Renda, del centro de estudios con sede en Bruselas Centre for European Policy Studies (CEPS), como de Streel, de CERRE, señalan que la reciente intención de la Comisión de someter a un escrutinio más riguroso los servicios en la nube de los gigantes estadounidenses Amazon y Microsoft es una señal de que se está endureciendo en la aplicación de la normativa, a pesar de los repetidos ataques de EE. UU. contra el marco normativo de la UE. 

También señalan la multa de 890 millones de euros impuesta a Google el mes pasado como prueba de que la Comisión mantiene la firmeza a la hora de regular a las grandes empresas tecnológicas, aunque algunos informes sugieren que la UE retrasó la resolución del caso por temor a represalias comerciales por parte de EE. UU.

Escalada ante la agresión tecnológica de Washington

Más allá de la aplicación de la normativa, la Comisión podría optar por una escalada ante la agresión tecnológica de Washington proponiendo un impuesto digital de la UE sobre las principales plataformas, sugirieron también Renda y de Streel.

Señalan que esta cuestión se está barajando en la legislación sobre telecomunicaciones y en los debates sobre el presupuesto de la UE. Sin embargo, las amenazas de Trump de imponer aranceles del 100 % al vino francés y a cualquier país de la UE que aplique impuestos digitales hacen menos probable que la Comisión proponga un impuesto a las grandes empresas tecnológicas a escala de todo el bloque.

Aun así, Renda cree que la Comisión lo está barajando, lo que sugiere que la idea podría resurgir como forma de financiar un futuro Fondo Europeo Soberano de Capital para Tecnologías.

Más allá de una aplicación más estricta de la normativa y de un impuesto tecnológico, la UE tiene en la manga cartas aún más poderosas.

El bazuca comercial

El Instrumento Anticoacción Coactiva (ACI), apodado el «bazuca comercial» de la UE, es una de esas herramientas políticas. Otorga al bloque la facultad de tomar represalias si otro país intenta coaccionar a un Estado miembro para que modifique sus políticas mediante medios económicos.

A pesar de haber aprobado un paquete de represalias por valor de 93.000 millones de euros contra EE. UU. durante las negociaciones comerciales de 2025, la UE nunca ha recurrido a su bazuca comercial.

Las prohibiciones y las sanciones son similares a «un arma nuclear», argumenta de Streel, quien afirma que herramientas como el ACI existen «para infundir miedo, no para aplicarlas en la vida real».

Renda sugiere que los europeos solo considerarían una represalia de tal envergadura si las medidas estadounidenses «amenazaran realmente a la UE o la continuidad de los servicios esenciales en la UE».

Del mismo modo, la Comisión tiene la facultad de revocar un marco jurídico clave que sustenta las transferencias transatlánticas de datos de los ciudadanos de la UE y del que dependen Meta, Google, Amazon y miles de otras empresas estadounidenses.

Enorme coste para las empresas estadounidenses

La desaparición de este Marco de Protección de Datos (DPF) supondría un enorme coste para las empresas estadounidenses, según Renda y de Streel, aunque el impacto en la economía estadounidense en general no está claro.

Sin embargo, poner fin al DPF sería un arma de doble filo para la Unión, ya que también afectaría a numerosas empresas europeas. Sugieren que sigue siendo extremadamente improbable que la Comisión tome una decisión unilateral para poner fin al acuerdo.

Lo mismo ocurriría si la UE intentara utilizar como arma la dependencia de EE. UU. de la tecnología europea aplicando sanciones o prohibiciones a las empresas que venden hardware o servicios digitales a EE. UU., incluso para mantenimiento y reparación.

Entre los ejemplos podrían figurar el operador estadounidense T-Mobile, propiedad de Deutsche Telekom; la empresa belga de pruebas de chips imec; o la empresa francesa de tendido de cables submarinos Alcatel. Pero es obvio que una medida de este tipo también penalizaría a las empresas europeas. 

La economía estadounidense depende de varios «puntos de estrangulamiento» europeos, señalaron William Echikson, investigador principal del Center for European Policy Analysis, con sede en EE. UU., y Kayvan Hazemi-Jebelli, vicepresidente de la Cámara del Progreso, un grupo de presión tecnológico estadounidense financiado por la industria.

Sanciones al gigante alemán del software SAP

La economía se vería gravemente afectada si la UE impusiera sanciones al gigante alemán del software SAP, señalaron, destacando que el software de planificación de recursos empresariales de SAP lo utilizan a diario casi todas las empresas más valiosas de EE. UU. y un gran número de pymes estadounidenses.

Del mismo modo, las sanciones que impidieran a las empresas nórdicas Nokia y Ericsson vender antenas de radio a clientes estadounidenses tendrían consecuencias inmediatas, ya que los operadores estadounidenses utilizan sus equipos.

Las restricciones a ASML, la empresa neerlandesa con una posición de monopolio mundial en las cadenas de suministro de semiconductores, podrían incluso —en última instancia— hacer fracasar los planes de EE. UU. de construir fábricas de chips de IA en Arizona, afirmó Echikson.

Pero la idea de que la UE, tan amante de las normas, adopte medidas tan drásticas es casi imposible de contemplar. 

(Editado port nl, vc/Euractiv.com y Luis de Zubiaurre Wagner/Euractiv.com/es)