El Parlamento Europeo aprueba los centros de retorno

Los eurodiputados aprobaron definitivamente este miércoles unas normas de inmigración más estrictas que otorgarán a las autoridades de toda la UE competencias mucho más amplias en materia de detención y permitirán la creación de centros de expulsión fuera del bloque.

La votación, con 418 votos a favor y 218 en contra, celebrada en Estrasburgo, ha sido uno de los últimos obstáculos para una reforma que ha superado con facilidad el notoriamente largo proceso legislativo de la UE, en un momento en que Bruselas y los gobiernos nacionales responden a la presión política para frenar la inmigración.

La decisión fue recibida con vítores por parte de los eurodiputados de derecha y extrema derecha y con gritos de «¡qué vergüenza!» desde la izquierda de la asamblea, lo que pone de relieve las profundas divisiones en torno a un texto duramente criticado por las organizaciones de derechos humanos.

«Este reglamento deja claro a todo el mundo que somos nosotros, y no los traficantes, quienes decidimos quién puede quedarse en la Unión Europea y quién debe marcharse», afirmó Magnus Brunner, comisario de Migración de la UE.

El texto permite, en particular, a los Estados miembros abrir «centros de retorno» fuera de las fronteras de la UE, a los que podrían ser enviados los migrantes sin derecho a permanecer en el territorio —algo que un grupo de países está deseando hacer—.

Dinamarca, Austria, Grecia, Alemania, los Países Bajos y otros países ya han estado estudiando opciones para establecer dichos centros. «Nuestro objetivo es cerrar los primeros acuerdos para la creación de estas estructuras en 2026, de modo que estén operativas a partir de 2027», declaró el domingo Kyriakos Mitsotakis, primer ministro griego.

Fondos comunitarios para gestionar los centros de expulsión

Aunque hasta hace poco se trataba de una idea marginal, el plan recibió un nuevo respaldo el martes, cuando la mayoría de los países de la UE acordaron tratar de obtener fondos comunitarios para gestionar dichos centros, en una iniciativa a la que se opusieron Francia y España. Los gobiernos europeos han adoptado una postura más dura ante el endurecimiento de la opinión pública sobre la migración, que ha impulsado los avances electorales de la extrema derecha en todo el continente.

Dado que las llegadas de migrantes han disminuido en 2025, la atención en Bruselas se ha centrado en mejorar el sistema de repatriación, en el que actualmente menos del 30 % de las personas a las que se les ha ordenado abandonar el territorio regresan realmente a su país de origen.

El eurodiputado francés de derecha François-Xavier Bellamy calificó la votación de «paso histórico para Europa y prueba de que el cambio es posible», y añadió: «No estamos condenados a la impotencia».

Además de los centros de retorno, las nuevas medidas establecen la obligación estricta de que los migrantes sujetos a expulsión abandonen el territorio y cooperen con las autoridades a tal fin. Aquellos que no lo hagan, o que supongan un riesgo para la seguridad o se considere que corren el riesgo de fugarse, pueden ser detenidos durante un máximo de dos años.

«Estigmatizar y criminalizar a los migrantes»

Estas disposiciones han suscitado una fuerte protesta por parte de grupos de derechos humanos y políticos de izquierdas. Maria Nyman, de la organización católica de ayuda humanitaria Cáritas, afirmó que los cambios corren el riesgo de «estigmatizar y criminalizar a los migrantes, lo que aviva la polarización en un momento en el que nuestras sociedades necesitan urgentemente una mayor cohesión».

Según las nuevas normas, las autoridades estarían autorizadas a registrar a los nacionales de terceros países, sus viviendas u otros «locales pertinentes», así como a incautar sus efectos personales, en su intento por garantizar el retorno de los migrantes en situación irregular.

Alessandro Zan, del grupo de centroizquierda S&D, calificó la reforma de «capítulo oscuro para Europa». «Allana el camino para las deportaciones forzosas, los controles cada vez más invasivos al estilo del ICE de la era Trump y la normalización de la detención incluso para personas que no han cometido ningún delito», afirmó, refiriéndose a las prácticas de mano dura empleadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump.

Elemento disuasorio para los potenciales migrantes irregulares

Los defensores de la medida afirman que los centros de retorno —que servirían como destino final o como centros de tránsito para las personas expulsadas— podrían facilitar las repatriaciones y actuar como elemento disuasorio para los potenciales migrantes irregulares.

Sin embargo, los críticos cuestionan su eficacia, señalando los obstáculos a los que se han enfrentado proyectos similares, y los comparan con «agujeros negros legales» que podrían dejar a los migrantes varados en un limbo sin apenas supervisión.

El Reino Unido abandonó un plan para deportar a migrantes indocumentados a Ruanda, mientras que las instalaciones gestionadas por Italia para tramitar a los migrantes en Albania se han enfrentado a problemas legales y a una lenta aceptación.

«Los Estados miembros de la UE podrán deportar a migrantes y solicitantes de asilo a los denominados “centros de retorno”, que podrían funcionar, en la práctica, como centros de detención extraterritoriales y que, según se informa, se han negociado con países que violan los derechos humanos, como Ruanda o Uzbekistán», afirmó Iskra Kirova, de Human Rights Watch.

Para que la ley entre en vigor, ahora es necesaria la aprobación formal de los Estados miembros, que ya la han respaldado de forma provisional. La mayoría de las nuevas medidas se aplicarán inmediatamente después de ello y algunas disposiciones, 12 meses más tarde.

(Editado por bw/Euractiv.com y Luis de Zubiaurre Wagner/Euractiv.com/es)