La Fiscalía Europea podría llevar ante la justicia al círculo más estrecho de Orbán

Bruselas (Euractiv.com) – El primer ministro electo de Hungría, Péter Magyar, se ha comprometido a incorporar a su país a la Fiscalía Europea (EPPO por sus siglas en inglés), lo cual otorgará a los expertos de esa institución europea la posibilidad de investigar casos de fraude y, posiblemente, reabrir la investigación sobre el uso de los fondos de Bruselas durante el mandato del primer ministro saliente, Viktor Orbán (Fidesz/Patriotas por Europa/PfE).

Un día después de arrasar en las elecciones legislativas, el lunes Magyar prometió que Budapest se sumará a la EPPO. Esa será una de sus primeras medidas para impulsar un mayor acercamiento a la UE, junto con varias reformas destinadas a desbloquear los 17 000 millones de euros en fondos congelados que la Comisión Europea retiene a Hungría por asuntos relacionados con el Estado de derecho.

En su primera rueda de prensa como primer ministro electo, Magyar rechazó los llamamientos de algunos miembros de su partido para que Orbán vaya a prisión por esos supuestos delitos, y subrayó que su labor consiste en garantizar la independencia y el funcionamiento de las autoridades que investigan el caso, y del poder judicial.

«No es tarea de un político, ni de un primer ministro, ni de un presidente de partido juzgar si un ex primer ministro debe ir a la cárcel», afirmó.

Su promesa supone una ruptura con la línea seguida hasta la fecha por Orbán, quien rechazó sumar a su país a la EPPO la cual, según su opinión, ampliaría el poder de Bruselas a expensas de la soberanía del país.

Sin embargo, los críticos de Orbán creen que en realidad su negativa a adherir al país a la EPPO está relacionada con acusaciones de presuntos desvíos de fondos de la UE a redes empresariales cercanas al primer ministro ultranacionalista.

Magyar tiene ahora la facultad de llevar el caso ante los tribunales, gracias a un nuevo marco fiscal independiente.

La EPPO, con sede en Luxemburgo, puede investigar casos transfronterizos complejos, apoyándose en los sistemas policiales y judiciales nacionales, pero también en su equipo de investigadores, lo cual significa que la adhesión a la institución trasladaría parte del escrutinio fuera del sistema judicial húngaro.

El mandato de la EPPO le permite investigar casos de fraude que afecten a las finanzas de la UE y que se remonten a 2017, un periodo que abarca gran parte del último mandato de Orbán.

«Dada la magnitud del presunto uso indebido de fondos de la UE señalado en numerosos informes, esto es necesario para la confianza pública y el Estado de Derecho», afirmó un funcionario de la Comisión Europea que trabaja en asuntos judiciales. «El nuevo Gobierno debe enviar señales rápidamente, empezando por la independencia judicial», añadió la misma fuente.

Pero Magyar tiene que darse prisa: si quiere obtener cuanto antes los fondos actualmente congelados por la UE, tendrá que emprender reformas en materia de Estado de derecho antes del próximo mes de agosto.

Más allá de desbloquear la financiación de la UE, la medida es vista en Bruselas como una prueba clara de la disposición real de Hungría a someter casos políticamente delicados a escrutinio externo y dar carpetazo a la etapa populista de Orbán.

«Hasta la fecha, Hungría se encontraba en una espiral descendente a pesar de la supervisión de la UE y la presión financiera de la Comisión. Sin voluntad política en las altas esferas, la reforma era imposible», afirma Vincent Filhol, socio de Navacelle y exfiscal adjunto de la Fiscalía Financiera Francesa (PNF).

Acelerar el ritmo de las reformas

Para adherirse a la Fiscalía Europea, Hungría deberá notificarlo formalmente a la Comisión Europea y al Consejo de la UE. En ese sentido, se prevé que la aprobación oficial se produzca en un plazo de cuatro meses, según un portavoz de la EPPO. La medida deberá acompañarse de varias reformas legales y del nombramiento de fiscales europeos delegados antes de que la labor de investigación pueda comenzar.

La experiencia de Polonia, que siguió un camino similar tras varios años de gobierno del partido nacionalista conservador Ley y Justicia (PiS), sugiere que la primera fase puede avanzar rápidamente, aunque el desarrollo de la capacidad operativa puede llevar más tiempo. Polonia recibió la aprobación de la UE en menos de cuatro meses y las operaciones de la EPPO se iniciaron en aproximadamente un año.

Pero restablecer el Estado de derecho requerirá cambios más profundos que no se producirán de la noche a la mañana, según los expertos, aunque la mayoría parlamentaria de dos tercios de Magyar le da margen para llevar a cabo reformas constitucionales.

«Todo se reduce a tres aspectos principales: poner fin a la influencia del Gobierno sobre el poder judicial; garantizar que los fiscales sean independientes, sin el respaldo de un Parlamento que actúe como mero sello de goma; y asegurarse de que las decisiones judiciales se cumplan realmente», afirmó el funcionario de la UE, añadiendo que Magyar no tenía otra opción si realmente quería romper con la era Orbán.

¡Oligarcas, preparaos, preparaos!

Si se logran implementar, las implicaciones de esas ambiciosas reformas podrían afectar directamente a los oligarcas húngaros que llevan mucho tiempo beneficiándose del sistema.

En ese sentido, una reciente investigación de datos realizada por el periódico Financial Times reveló que el 14 % de todos los fondos adjudicados en licitaciones públicas bajo el mandato de Orbán fueron a parar a 42 empresas propiedad de 13 socios del primer ministro saliente, lo cual representa más de 28 000 millones de euros en licitaciones públicas desde 2010 hasta finales de 2025. El país ha retrocedido en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International.

«Desde el punto de vista operativo, la adhesión a la Fiscalía Europea es un paso positivo, pero su ámbito de competencia se centra en la corrupción que afecta a los intereses financieros de la UE», afirmó Vincent Filhol, exfiscal financiero.

El alcance de las investigaciones dependerá del ámbito de aplicación que Magyar acepte y de la independencia de los fiscales que nombre, según afirman funcionarios de la UE, al tiempo que señalan que esas decisiones serán objeto de un minucioso escrutinio. El primer ministro electo podría, por ejemplo, negociar el alcance de la retroactividad al adherirse a la EPPO, tal y como hizo Polonia, limitando las investigaciones a casos más recientes —por ejemplo, solo hasta 2021— en lugar de permitir que los fiscales investiguen hasta 2017.

Cuanto más atrás permita Hungría que la Fiscalía Europea investigue, mayor será la exposición potencial de las personas y redes vinculadas a períodos anteriores de gasto público, incluidas algunas empresas de la UE que tenían estrechos vínculos con el régimen de Orbán.

Aunque los detalles aún no se han negociado, la medida ya ha desatado la ira de los aliados de Orbán en Bruselas, entre ellos los partidos del grupo europeo Patriotas por Europa (PfE), en el cual se integran, entre otros, el español Vox.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller)