Los escándalos de corrupción en España incrementan la presión sobre Pedro Sánchez
Los escándalos de corrupción en las más altas esferas de la política española ponen de manifiesto, según afirman los juristas, el mal funcionamiento de las instituciones, con un descontento prolongado que los políticos parecen poco dispuestos a abordar.
MADRID – Prepárense para otra semana intensa en lo que respecta a la escalada de escándalos de corrupción política en España.
En el último golpe asestado a Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, y a sus asediados compañeros socialistas, agentes de élite de la Guardia Civil registraron la sede del partido el miércoles por la mañana.
La operación de la Unidad Central Operativa (UCO) tenía como objetivo incautar pruebas de supuestos pagos ocultos que, según la fiscalía, se utilizaron para financiar una red destinada a socavar los procedimientos judiciales contra figuras clave del PSOE de Sánchez.
El juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional ordenó las redadas, junto con registros en otras propiedades del PSOE.
La investigación se ha centrado en el antiguo número tres del PSOE, Santos Cerdán, que se encuentra en prisión preventiva en el marco de otra investigación por corrupción.
También en el punto de mira de la UCO se encuentra la antigua miembro del partido Leire Díez, por presuntamente orquestar una campaña de desprestigio contra jueces, fiscales y funcionarios de seguridad que investigaban la corrupción en el círculo más cercano a Sánchez. Los sospechosos en esa investigación se enfrentan a cargos que incluyen pertenencia a una organización criminal y conspiración.
Red internacional de tráfico de influencias y blanqueo de capitales
Por otro lado, David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno español, será juzgado el jueves por un delito de tráfico de influencias.
Además, la reciente investigación por corrupción contra José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente socialista, ha conmocionado a toda España. La Audiencia Nacional lo investiga por liderar una red internacional de tráfico de influencias y blanqueo de capitales vinculada a Venezuela.
Los escándalos de corrupción en las más altas esferas de la política española ponen de manifiesto, según afirman los juristas, el mal funcionamiento de las instituciones del país, con un descontento prolongado que los políticos parecen poco dispuestos a abordar.
En los últimos meses, otros aliados políticos cercanos a Sánchez, entre ellos el exministro de Transportes José Luis Ábalos, han sido juzgados por irregularidades en la contratación pública. Paralelamente a estos casos, un juez de Madrid ha imputado a la esposa de Sánchez por corrupción relacionada con su labor académica.
«La corrupción política está carcomiendo nuestro sistema democrático», afirmó el fiscal general anticorrupción de España, Alejandro Luzón, durante sus conclusiones finales en el mediático juicio del Tribunal Supremo contra Ábalos. «Solo una actuación decidida puede detenerla».
«Un grave problema de corrupción estructural y transversal»
«Existe un grave problema de corrupción estructural y transversal en España», afirmó Elisa de la Nuez. Esta abogada del Estado, actualmente en excedencia, fundó la organización sin ánimo de lucro Hay Derecho para defender el Estado de derecho y combatir la corrupción.
Según la jurista, tanto el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en el poder, como el Partido Popular (PP), en la oposición, han ido colonizando gradualmente las instituciones destinadas a ejercer el control y el equilibrio de poderes. Señaló en particular a los órganos de control, como el Tribunal de Cuentas, y a las instituciones judiciales de alto nivel, entre ellas el Tribunal Constitucional y la Fiscalía General. «Estamos viendo el resultado de una falta de controles preventivos durante mucho tiempo», declaró De la Nuez a Euractiv.
La Comisión Europea señaló en su informe de 2025 sobre el Estado de Derecho en España que la contratación pública, la financiación de los partidos políticos, los proyectos de infraestructura y los contratos de servicios públicos son sectores clave con un alto riesgo de corrupción en el país.
La corrupción prospera con facilidad —especialmente en el sector público— debido al clientelismo, los fondos no rastreables, el lobbying no regulado y el fenómeno de la «puerta giratoria», en el que los cargos políticos designados pasan a dirigir empresas privadas, afirmó.
«No existe la responsabilidad política, solo la responsabilidad penal»
Además, si los organismos de control fallan, el «gobierno opera prácticamente sin límites». Esto, sumado a una grave falta de responsabilidad política, añade De la Nuez, conduce a la «situación inusual» en la que se encuentra actualmente el país.
«No existe la responsabilidad política, solo la responsabilidad penal», afirmó. «Hay que tener un pie en la cárcel, como le pasó a Ábalos, para que dimitas», lo que aumenta la presión sobre jueces y fiscales.
Según el magistrado Fernando Portillo, del Foro Judicial Independiente, una de las principales consecuencias de la presión política es la reacción cada vez más defensiva del ejecutivo hacia el poder judicial. Describió a los tribunales como el «único» poder capaz de controlar el poder del Gobierno.
«Siempre ha habido corrupción política en España, tanto en casos relacionados con el PSOE como con el PP; nada de esto es nuevo», afirmó. Lo que sí es nuevo, explica el magistrado, es la reacción política. Los jueces y fiscales se enfrentan a críticas públicas personales, a dudas sobre su neutralidad y a acusaciones habituales de «guerra jurídica» cuando se ocupan de casos importantes de corrupción.
Ataques persistentes del ejecutivo contra los jueces
Los ataques persistentes del ejecutivo contra los jueces son un «grave problema» que socava las resoluciones judiciales y alimenta el escepticismo de la ciudadanía, animando tanto a los medios de comunicación como a los ciudadanos a cuestionar la imparcialidad judicial, señaló Portillo.
El cambio es posible, pero, como ha señalado la propia UE, Madrid aún no ha adoptado una estrategia integral contra la corrupción. «Para luchar contra la corrupción, primero hay que reconocer el problema», declaró a Euractiv Salvador Viada, fiscal anticorrupción jubilado. «No se está tratando como lo que es: un cáncer generalizado que está erosionando nuestra democracia y el Estado de derecho».
Viada pidió que se adoptaran medidas políticas para reforzar la independencia del poder judicial y despolitizar los organismos de control estatales, como el Tribunal de Cuentas, la Intervención General, la Agencia Tributaria y el Tribunal Económico-Administrativo, así como el sector público en su conjunto.
Además, señaló que poner fin a la inmunidad política y a los indultos disuadiría a las figuras de alto rango de cometer irregularidades.
Aunque la cultura política española puede fomentar la corrupción, De la Nuez insiste en que esto podría cambiar «rápidamente» si se toman medidas decisivas. «Solo hace falta voluntad política», concluyó.
(Editado por bw, cs/Euractiv.com y Luis de Zubiaurre Wagner/Euractiv.com/es)
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