Política migratoria: la estrategia final de la UE sobre los «centros de retorno»

Funcionarios, diplomáticos y eurodiputados se reúnen de nuevo este miércoles en Estrasburgo para lo que se prevé que sea la ronda final de negociaciones sobre la propuesta de reglamento de retorno, una controvertida reforma de las normas de la UE en materia de expulsión.

Presentada por sus defensores como el pilar que faltaba en el pacto migratorio de la UE, la legislación permitirá a los gobiernos trasladar a los solicitantes de asilo rechazados y a los migrantes irregulares, incluidas las familias con niños, a las denominadas «centros de retorno» situados fuera de la UE antes de su expulsión.

Persisten las divisiones y, antes de que se pueda alcanzar un acuerdo definitivo, los negociadores tendrán que encontrar una forma de llegar a un compromiso en algunos de los ámbitos políticamente más delicados del reglamento. Según diplomáticos y fuentes parlamentarias, los puntos más conflictivos siguen siendo la definición de «retorno voluntario» y el reconocimiento mutuo de las órdenes nacionales de expulsión en toda la UE.

Los negociadores también están divididos en cuanto a la duración de las prohibiciones de entrada para los migrantes expulsados, las competencias de investigación y hasta qué punto la política migratoria debe integrarse en las relaciones exteriores de la UE.

La propuesta, presentada por la Comisión Europea en 2025 como parte de su impulso a las «soluciones innovadoras» en materia de migración, se ha convertido, posiblemente, en el expediente con mayor carga política en Bruselas.

Giro hacia la derecha en materia migratoria

Solo se aprobó en el Parlamento Europeo en marzo con el respaldo de una coalición de centro-derecha y extrema derecha, lo que pone de relieve el giro general hacia la derecha de la UE en materia de política migratoria durante el actual mandato de la Comisión. Los socialistas, los verdes y el bloque de izquierda se opusieron en gran medida al texto.

Las negociaciones también han puesto de manifiesto tensiones dentro del propio Parlamento. El negociador principal liberal, Malik Azmani, quedó prácticamente marginado, ya que los grupos de derecha coordinaron su propia estrategia por separado, incluso a través de un chat de grupo de WhatsApp que posteriormente desató la polémica en Bruselas.

Según la posición del Parlamento, a partir de 2027 se exigiría a los países que reconocieran las resoluciones de expulsión dictadas por otro país de la UE. El Consejo de la UE, donde la cuestión resultó especialmente controvertida entre los gobiernos durante las negociaciones del año pasado, quiere mantener el carácter voluntario del sistema por ahora y, en su lugar, pedir a la Comisión que evalúe, al cabo de dos años, si es necesario el reconocimiento mutuo obligatorio.

Los gobiernos también presionan para obtener mayores poderes de investigación, incluidas las redadas en viviendas particulares autorizadas mediante decisiones administrativas, mientras que el Parlamento no quiere llegar a permitir registros dentro de los hogares privados. Este aspecto fue especialmente criticado por los grupos de defensa de los refugiados y los activistas de derechos humanos.

Relaciones con países fuera de la UE

Otra cuestión controvertida se refiere a las relaciones con países fuera de la UE que no gozan de reconocimiento político, normalmente debido a su negación de los derechos democráticos.

Los países de la UE eliminaron las referencias a dicha cooperación «operativa» de su posición debido a la sensibilidad de los gobiernos nacionales, pero el Parlamento pretende reintroducir la disposición. Según funcionarios de la UE, esta medida podría estar relacionada con una posible colaboración con las «autoridades de facto» de Afganistán en el contexto de las deportaciones, una cuestión que se planteó en reuniones a puerta cerrada.

Los funcionarios que participaron en las conversaciones afirmaron que los Gobiernos se inclinarán por un lenguaje más amplio sobre la integración de las consideraciones migratorias en la acción exterior de la UE y la cooperación con terceros países, a cambio de excluir la otra disposición.

Por último, pero no por ello menos importante, el Parlamento ha respaldado la posibilidad de prohibiciones ilimitadas para las personas deportadas, mientras que los países de la UE se inclinan por un sistema con un límite de 10 años en la mayoría de los casos, ampliable a 20 años o más para las personas consideradas una amenaza para la seguridad.

A pesar de las disputas que aún persisten, los negociadores afirman que aumenta la presión para ultimar la legislación antes de que el tan cacareado Pacto de Asilo y Migración de la UE entre en vigor en junio.

(Editado por bw, mm/Euractiv.com y Luis de Zubiaurre Wagner/Euractiv.com/es)