Hungría presenta un proyecto de ley contra la corrupción para desbloquear los fondos de la UE
La obtención de los fondos fue una de las principales promesas electorales del primer ministro Péter Magyar, un conservador proeuropeo que desbancó a Viktor Orbán en las elecciones de abril.
El Gobierno de Hungría presentó el martes un amplio proyecto de ley contra la corrupción, en un intento por aplicar reformas que le permitan acceder a miles de millones de euros de fondos de la Unión Europea que se le habían retenido.
La UE anunció a finales del mes pasado que desbloquearía más de 16.000 millones de euros para Hungría, que habían sido congelados por motivos relacionados con el Estado de derecho durante el mandato del primer ministro nacionalista Viktor Orbán, siempre y cuando Budapest mantuviera el rumbo con un importante impulso reformista.
La obtención de los fondos fue una de las principales promesas electorales del primer ministro Péter Magyar, un conservador proeuropeo que derrocó a Orbán tras 16 años en el cargo en las elecciones de abril.
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La mayor parte de los fondos congelados —algo más de 10.000 millones de euros— procede del fondo de recuperación de la UE para la COVID-19, y Hungría tenía hasta finales de agosto para presentar un nuevo plan que garantizara su obtención.
«Erradicar la corrupción»
Magyar calificó el paquete legislativo propuesto de «histórico». «Los ciudadanos y las empresas húngaras podrán por fin acceder a los fondos de la UE que les corresponden por derecho, y para lograrlo no tenemos que hacer nada más que lo que el pueblo de Hungría también espera de nosotros: erradicar la corrupción al estilo Orbán», afirmó en un vídeo de Facebook.
El proyecto de ley propone endurecer las normas que rigen los estados financieros anuales, ampliando el abanico de personas obligadas a presentar declaraciones para incluir a altos funcionarios del Estado, a determinados políticos ajenos al Parlamento e incluso a sus familiares. La falsificación de las declaraciones constituiría un delito penal, castigado con hasta dos años de prisión.
El proyecto de ley también ampliaría las competencias legales de la Oficina de Integridad, el organismo de control anticorrupción creado a finales de 2022 como parte de un paquete de reformas anterior exigido por la UE. Según las normas propuestas, la organización examinaría las declaraciones financieras y podría iniciar la destitución de los funcionarios en caso de irregularidades graves.
Requisitos de transparencia
El proyecto de ley también facultaría al organismo de control para solicitar la continuación de las investigaciones anticorrupción a través de los tribunales y suspender los procesos de contratación pública para proteger los fondos de la UE. Además, la legislación introduciría requisitos de transparencia más estrictos para las estructuras de propiedad de los fondos de capital riesgo.
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Renacionalizaría los activos estatales que el Gobierno anterior transfirió a fundaciones de gestión de activos de interés público, las denominadas KEKVA. La propuesta también reformaría la gobernanza de las universidades, devolviendo a las instituciones a un marco público más directo, en consonancia con los requisitos de la UE.
No se ha fijado ninguna fecha para la votación del proyecto de ley, pero el Gobierno ya ha señalado que desea que se apruebe rápidamente en el Parlamento.
(Editado por cz/Euractiv.com y Luis de Zubiaurre Wagner/Euractiv.com/es)