La enmienda Orbán: el nuevo Gobierno de Hungría pone a prueba los límites constitucionales

BUDAPEST – Péter Magyar, primer ministro de Hungría, ha presentado su primera enmienda constitucional, en la que propone límites retroactivos al mandato de los primeros ministros y una amplia nacionalización de las fundaciones universitarias, en un intento por desbloquear los fondos de la UE congelados.

La enmienda —presentada el miércoles por la tarde por diputados de Tisza, entre ellos el cuñado de Magyar, Márton Melléthei-Barna— introduciría un límite estricto de ocho años para los primeros ministros.

Lo más importante es que la restricción se aplicaría con carácter retroactivo a todos los mandatos ejercidos desde 1990, lo que impediría de hecho que Viktor Orbán, el ex primer ministro, que gobernó durante un total de 20 años, volviera a ocupar el cargo. Sin embargo, la medida retroactiva ha suscitado críticas por parte de expertos jurídicos.

El abogado de la Internacional Liberal, Tamás Lattmann, desestimó la propuesta por estar mal redactada, argumentando que no abordaba cuestiones constitucionales básicas, como qué pasaría si un presidente nominara a un candidato que ya hubiera superado el límite o si un titular superara el umbral a mitad de mandato.

«Esta redacción es una porquería»

«Esta redacción es una porquería», escribió Lattmann, añadiendo que, aunque la medida populista pudiera resultar atractiva desde el punto de vista político, seguía siendo incoherente desde el punto de vista jurídico.

El publicista y periodista András Hont también criticó la propuesta, argumentando que los límites de mandato tienen poco sentido en un sistema parlamentario en el que el poder político depende, en última instancia, del control sobre la selección de candidatos parlamentarios.

A pesar de las críticas, la aprobación de la enmienda está prácticamente garantizada dada la mayoría cualificada del 71 % de Tisza en el Parlamento. El presidente Tamás Sulyok podría retrasar temporalmente la legislación devolviéndola al Parlamento, pero si los legisladores aprueban el texto sin cambios por segunda vez, estaría constitucionalmente obligado a firmarlo.

Las fundaciones en el punto de mira

La propuesta también apunta a las controvertidas «fundaciones de gestión de activos de interés público» de Hungría —conocidas como KEKVA en húngaro— creadas bajo el anterior Gobierno del Fidesz. Esas 34 fundaciones controlan actualmente importantes activos estatales, entre ellos 21 universidades, el prestigioso Mathias Corvinus Collegium (MCC) y la fundación del premio Nobel Ferenc Krausz.

La enmienda de Tisza reclasificaría los activos de las KEKVA como «riqueza nacional», devolvería los derechos al Estado y permitiría al Gobierno disolver las fundaciones por completo. La reforma del sistema KEKVA es una de las condiciones de la Comisión Europea para desbloquear la parte de Hungría, de 10.400 millones de euros, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE.

Pero la renacionalización propuesta ha alarmado a los críticos en lo que respecta a los derechos de propiedad y la extralimitación del Estado.

Balázs Orbán, presidente del consejo de administración del Mathias Corvinus Collegium —sin relación con el ex primer ministro—, describió la medida como un «impactante intento de nacionalizar» activos privados que sería «inaceptable incluso en una dictadura blanda».

Hont también advirtió de que la enmienda podría sentar un peligroso precedente al permitir que cualquier futura mayoría parlamentaria de dos tercios redefiniera los activos de las fundaciones privadas como propiedad del Estado.

(Editado por cs, bw/Euractiv.com y Luis de Zubiaurre Wagner/Euractiv.com/es)