La Fiscalía Europea investiga una extensa red de corrupción en Grecia
Atenas (Euractiv)/(EuroEFE).- La Fiscalía Europea (EPPO) ha iniciado una investigación sobre el uso del programa espía ilegal Predator en el marco de un escándalo de escuchas telefónicas que ha sacudido los cimientos de la política griega, a pocas semanas de las elecciones en el país heleno, previstas para mayo.
Varias fuentes confirmaron a EURACTIV-com que, a petición de la Comisión PEGA del Parlamento Europeo, la comisión de investigación que investiga el uso de programas espía ilegales en todo el bloque comunitario, la EPPO ha iniciado una pesquisa a fondo sobre el escándalo de espionaje.
La investigación de la Comisión PEGA se ha centrado en la exportación ilegal de programas espía Predator desde Grecia a países de Asia, África y otros lugares, así como en las acusaciones de que las empresas implicadas en el denominado “Predatorgate” se dedicaban a la evasión fiscal.
Contactado por EURACTIV, un portavoz de la EPPO ni negó ni confirmó que exista una investigación en curso.
«Como norma general, no hacemos comentarios sobre investigaciones en curso, ni confirmamos públicamente en qué casos estamos trabajando. Lo hacemos para no poner en peligro los procedimientos en curso y su resultado», comentó el portavoz de la EPPO a EURACTIV.com
«Siempre que podamos decir algo sobre alguna de nuestras investigaciones, lo haremos de forma proactiva», añadió.
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CONCESIÓN DE LICENCIAS DE EXPORTACIÓN
Por otro lado, dos fuentes separadas comentaron a EURACTIV que, en las últimas semanas, la EPPO ha recibido información específica sobre periodistas griegos que investigaban el escándalo de las escuchas telefónicas.
«Las personas que testificaron ante los fiscales presentaron pruebas que demostraban que la administración de (el primer ministro) Kyriakos Mitsotakis facilitó la entrega del “software” espía Predator de Intellexa a varios países, entre ellos Arabia Saudí, Sudán, Madagascar y Bangladesh mediante la concesión de licencias de exportación a través del Ministerio de Asuntos Exteriores griego», comentó una fuente cercana al asunto.
Desde el primer momento, el Gobierno griego negó cualquier implicación.
Pero unas semanas más tarde, el portavoz del ejecutivo, Yannis Oikonomou, admitió que el Ministerio de Asuntos Exteriores concedió estas licencias y confirmó que se inició una investigación para determinar si se siguieron correctamente todos los procedimientos.
El asunto de la concesión de licencias de exportación fue denunciado por primera vez por el medio de investigación Inside Story y el New York Times, lo que llevó a la Comisión Europea a exigir explicaciones.
Sin embargo, el Vicepresidente de la Comisión Valdis Dombrovskis reveló la semana pasada que las autoridades griegas no han respondido a una solicitud de información enviada el 14 de febrero.
🔴LIVE from 9.00 CET:
tune in for the latest on spyware investigations in 🇬🇷, followed by a presentation by @MichaelCJT.🎥Streaming: https://t.co/bMhCHUfyRX https://t.co/GATEqkKTXY
— PEGA Committee Press (@EP_PegaInquiry) February 28, 2023
El Gobierno conservador griego tampoco ha dado respuestas a la Comisión PEGA sobre este asunto.
Yannis Smyrlis, el ex secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores griego que firmó las licencias ilegales de exportación de programas espía, dimitió a finales de diciembre y fue nombrado rápidamente director adjunto del partido gobernante Nueva Democracia (PPE) de cara a las elecciones generales de mayo.
En el plano jurídico, la fiscalía de la UE está examinando si el gobierno griego infringió el Reglamento (UE) 2021/821 para los llamados productos de «doble uso» (es decir, productos que requieren una licencia especial de exportación porque también pueden utilizarse para causar daño) para favorecer a la empresa griega Intellexa.
Según Reporteros Unidos, una red griega de periodistas de investigación, los accionistas de Intellexa habrían estado vinculados al sobrino de Mitsotakis, Grigoris Dimitriadis, que hasta agosto de 2022 fue también secretario general de la oficina del primer ministro.
Tanto Dimitriadis como el entonces jefe de los servicios secretos dimitieron tras conocerse que Nikos Androulakis, eurodiputado y líder del partido socialista Pasok, fue espiado en 2021 por el servicio de inteligencia griego.
Mitsotakis dijo públicamente que no estaba al corriente de ello, pero la oposición señaló que una de las primeras medidas del primer ministro al principio de su mandato fue poner a los servicios secretos bajo su supervisión directa.
Ήρθα σήμερα εδώ που χτυπά η καρδιά της Δικαιοσύνης και κατέθεσα στον κ. Ελευθεριάνο, αίτηση επίσπευσης της εισαγγελικής έρευνας, που αφορά το ζήτημα των υποκλοπών. pic.twitter.com/hl1oBltYK1
— Nikos Androulakis (@androulakisnick) April 3, 2023
EVASIÓN FISCAL DE GRANDES PROPORCIONES
Por otro lado, otra fuente conocedora del asunto declaró a EURACTIV-Bruselas que la información recibida por el equipo de la fiscal europea Laura Kövesi en Atenas ha destapado una «enorme evasión fiscal» por parte de las empresas implicadas en el escándalo de la vigilancia.
«Pagos no declarados, facturas falsas y transacciones triangulares son algunos de los graves delitos fiscales que parecen haber cometido las empresas griegas Intellexa y Krikel, la irlandesa Thalestris y las chipriotas asociadas a ellas», subrayó esta segunda fuente.
«Se han presentado cientos de facturas y declaraciones fiscales falsas a la Fiscalía Europea para documentar el fraude y cómo se ven afectados los intereses de la UE», añadió la fuente.
El hilo de la madeja lleva hasta Chadera Enterprises Limited, una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas, según un documento al cual ha accedido EURACTIV.com
Chadera pertenece a Tal Dilian, exoficial del ejército israelí, que posee el 65% de la empresa griega Intellexa. El 35% restante de Intellexa pertenece a la empresa chipriota Santinomo Limited.
El pasado mes de septiembre, el gobierno griego negó haber presentado contratos firmados entre estas empresas y ministerios en una comisión parlamentaria especial de investigación sobre el escándalo de las escuchas telefónicas.
Los accionistas de Intellexa y Krikel no asistieron a las audiencias organizadas por la comisión PEGA del Parlamento Europeo. Mientras tanto, en el caso de la comisión nacional de investigación, los diputados del partido gobernante Nueva Democracia bloquearon los intentos de invitar a los propietarios de Krikel e Intellexa.
La segunda fuente señaló que la sospecha de fraude fiscal desencadena automáticamente la intervención de la fiscal de la UE en virtud de un reciente acuerdo de cooperación mutua en materia de lucha contra la delincuencia financiera firmado entre las autoridades fiscales griegas y la EPPO.
La fuente citó pruebas que demuestran que las cuentas bancarias de Intellexa y Krikel muestran una «enorme discrepancia entre los ingresos declarados a Hacienda y el dinero recaudado».
UNA PRUEBA CLAVE PARA LA UE
EURACTIV.com se puso en contacto con el periodista de investigación griego Thanasis Koukakis -la primera víctima confirmada de Predator en Grecia-, quien reveló que en la primavera de 2022 informó a la fiscal Kövesi de la gravedad del caso.
«A estas alturas, la investigación periodística ha avanzado hasta tal punto que la implicación de la EPPO era imperativa. Sobre todo por las peticiones del Parlamento Europeo», dijo Koukakis.
Σκάνδαλο υποκλοπών: Εισαγγελέας της ΕΕ ερευνά το ελληνικό «Predatorgate» https://t.co/lhzqU8b0tf
— Thanasis Koukakis (@nasoskook) April 4, 2023
Añadió que su «única reserva» se refiere a la voluntad de las autoridades judiciales y fiscales griegas de cooperar de buena fe con Kövesi.
«Al mismo tiempo, este caso será una dura primera prueba para la calidad y profundidad de la cooperación de la Fiscalía Europea con las autoridades fiscales griegas», señaló el periodista griego.
La comisión PEGA del Parlamento Europeo ha pedido a las autoridades griegas que resuelvan el escándalo de las escuchas antes de las elecciones en Grecia, previstas para el próximo 21 de mayo.
Este lunes, Androulakis, líder del Pasok, pidió al fiscal griego que acelere los procesos.
«Este caso no prescribirá ni política ni penalmente. Que los responsables tengan claro que tendrán que asumir responsabilidades», dijo Androulakis.
Editado por F.Heller
