Los países de la UE suavizarán las medidas para supervisar a las empresas de criptomonedas
El denominado grupo E6 —que incluye a Alemania, Francia y al resto de Estados miembros más grandes, España entre ellos— ha expresado su apoyo al refuerzo de las competencias de la AEVM. Pero los países más pequeños, entre ellos Irlanda y Luxemburgo, se oponen. A pesar de la división, el texto de la presidencia semestral chipriota sugiere que las capitales de la UE coinciden en su rechazo a otros aspectos de la propuesta de la Comisión Europea.
Bruselas (Euractiv.com) – Los países miembros de la Unión Europea (UE) han expresado su rechazo a los esfuerzos de la Comisión Europea por supervisar de forma centralizada a los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP): un revés para su iniciativa de reforzar la supervisión de este sector financiero en rápido crecimiento, pero todavía poco transparente opaco.
Una nota elaborada por el Gobierno de Chipre, que ostenta la presidencia semestral rotatoria del Consejo de la UE, afirma que los Estados miembros se oponen a la petición de la Comisión de que todos los CASP sean supervisados directamente por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM), el organismo de control financiero del bloque comunitario con sede en París.
Trasladar la supervisión de todos los CASP a la AEVM es una característica clave del «Paquete de integración y supervisión de los mercados» de la Comisión Europea, el cual se enmarca en la iniciativa de Bruselas para canalizar billones de euros de los ahorros privados de los ciudadanos de la UE a inversiones que impulsen el crecimiento —y crear así una «Unión de Ahorro e Inversión».
Los Estados miembros del bloque han expresado «inquietudes respecto a [la] proporcionalidad» de la propuesta de la Comisión de supervisar directamente a los CASP, se afirma en el texto del documento interno, el cual será objeto de debate por los ministros de Finanzas de la UE la próxima semana en una reunión (ECOFIN) en Bruselas.
«Los debates mantenidos hasta la fecha se inclinan por un enfoque más específico (por ejemplo, «solo los significativos»), que deja a los pequeños proveedores puramente locales bajo la supervisión nacional o mantiene la supervisión nacional», se añade en el texto.
Este rechazo coincide con una creciente preocupación por los riesgos que el sector de las criptomonedas supone para la estabilidad financiera de la UE.
Un informe publicado el año pasado por el Banco Central Europeo reveló que los bancos de la Eurozona tienen una exposición «limitada», pero «creciente», al ecosistema de las criptomonedas.
Por otro lado, crece el temor por la falta de supervisión del sector de las criptomonedas. En ese sentido, el BCE advirtió de la existencia de «puntos ciegos» en el esquema de supervisión en vigor.
Por su parte, Bruselas sostiene que los CASP «son de naturaleza intrínsecamente transfronteriza» y que, por lo tanto, «la experiencia en materia de supervisión debería desarrollarse de forma centralizada para evitar la exposición desde el principio», se afirma en el texto del documento.
El rechazo de las capitales de la UE se suma al debate a nivel general en todo el bloque sobre si debería o no existir esa supervisión.
El denominado grupo E6 —que incluye a Alemania, Francia y al resto de Estados miembros más grandes, España entre ellos— ha expresado su apoyo al refuerzo de las competencias de la AEVM. Pero los países más pequeños, entre ellos Irlanda y Luxemburgo, se oponen.
A pesar de la división, el texto de la presidencia semestral chipriota sugiere que las capitales de la UE coinciden en su rechazo a otros aspectos de la propuesta de la Comisión Europea.
Entre ellos se incluyen la negativa a la reforma propuesta de la estructura de gobernanza de la AEVM y las exigencias a Bruselas para que aclare quién asumiría los costes de resolución «en caso de crisis» para los depositarios centrales de valores supervisados por la AEVM.
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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller)
