"Prueba del algodón" para la democracia griega

EUROEFE EURACTIV
This article is part of our special report "«Prueba del algodón» para la democracia griega"
Prueba-del-algodon-para-la-democracia-griega
Prueba-del-algodon-para-la-democracia-griega

Atenas (Euractiv) / (EuroEFE).- El fiscal jefe griego, Isidoros Ntogiakos, provocó este martes un gran revuelo en la arena política del país, tras dictaminar que la autoridad independiente responsable de asuntos de privacidad (ADAE) no puede realizar auditorías de empresas de telecomunicaciones para averiguar quién está bajo vigilancia de los servicios secretos griegos.

Incluso amenazó a los miembros de la Autoridad Helénica para la Seguridad de las Comunicaciones y la Privacidad (ADAE) con procesarlos penalmente.

El escándalo del denominado «Watergate griego», según el cual varios políticos, periodistas y empresarios fueron espiados por los servicios secretos griegos con la supuesta anuencia del gobierno conservador del primer ministro helno, Kyriakos Mitsotakis (PPE), es una herida abierta para el país y pesará en el ambiente de cara a las próximas elecciones generales.

Hasta la fecha, Mitsotakis ha intentado mantener las distancias, alegando que no estaba al corriente de los casos de supuesto espionaje telefónicos, aunque la primera ley que promulgó como primer ministro fue la de poner los servicios secretos bajo su exclusiva competencia.

La ADAE es una autoridad independiente cuyo papel está previsto en la Constitución griega. Desde que estalló el escándalo, varias personas le pidieron que investigara si eran objeto de espionaje.

A finales de diciembre pasado, un artículo de EURACTIV-Bruselas abrió la caja de Pandora, después de que se revelara que la ADAE realizó una auditoría de la empresa de telecomunicaciones Cosmote y descubrió que los teléfonos del eurodiputado de Renovar Europa Giorgos Kyrtsos y del periodista de investigación Tasos Telloglou estaban “pinchados”.

Durante la auditoría, el fiscal jefe expresó sus reservas sobre el papel de la ADAE en la realización de dichos controles.

La ADAE hizo caso omiso de las reservas planteadas por el fiscal, continuó con las auditorías e incluso creó un equipo para controlar a las empresas de telecomunicaciones.

Sin embargo, el fiscal jefe intervino con su dictamen este martes, alegando que según una nueva ley, la ADAE no puede llevar a cabo tales actividades, y si lo hace, se le podrían aplicar sanciones penales.

«Debido al carácter especialmente sensible de la cuestión del levantamiento del secreto de las comunicaciones, las sanciones penales previstas por el régimen legislativo vigente en caso de violación de las disposiciones pertinentes tanto por parte de un miembro de ADAE como por parte de otras personas […] son especialmente graves, con una pena prevista, en determinadas condiciones, incluso de prisión temporal», declaró el fiscal jefe.

https://twitter.com/SophieintVeld/status/1613084433850175488

DURO GOLPE AL ESTADO DE DERECHO

Su dictamen suscitó fuertes reacciones de todos los partidos de la oposición.

Un punto común de todas esas reacciones negativas al dictamen del fiscal es que, en esencia, bloquea los controles de la ADAE, intimida y obstaculiza la investigación en torno al escándalo de las escuchas telefónicas.

«El dictamen del Sr. Ntogiakos es una violación flagrante de la Constitución. Ninguna ley y ningún dictamen pueden invalidar la Constitución, y la misión de la ADAE definida en ella para controlar y garantizar la privacidad de las comunicaciones», aseguró en un comunicado el principal líder de la oposición, Alexis Tsipras (de Syriza/Izquierda Unitaria).

Xenofon Contiades, profesor y presidente del Centro de Derecho Constitucional Europeo, fustigó al fiscal, al afirmar que la «comunidad jurídica se opondrá firmemente a la impensable interferencia del fiscal en la misión constitucional y legislativamente consagrada de la ADAE».

El gobierno griego por su parte, aseguró que «respeta plenamente» la justicia y culpó a Tsipras de crear un clima político «tóxico».

EL ENFADO SILENCIOSO DE LA COMISIÓN

Por su parte, el eurodiputado de Syriza Kostas Arvanitis aseguró que planteará la cuestión a las autoridades competentes de la Unión Europea (UE), ya que el dictamen apunta a la ADAE » y al Estado de Derecho del país».

Arvanitis subrayó que «ninguna intimidación ni interferencia puede detener la investigación, ni dentro ni fuera del país».

Mientras tanto, Grecia sigue a la espera del resultado de la investigación de la comisión PEGA del Parlamento Europeo sobre el «Watergate griego» y de una visita crucial a Atenas de la comisión parlamentaria LIBE.

Un funcionario de la UE ha asegurado a EURACTIV-Bruselas que la Comisión Europea, que se ha mostrado bastante sensible respecto al papel de las autoridades nacionales independientes, considera que el asunto «tendría que ser examinado por las autoridades nacionales».

«Cualquier intento de los servicios de seguridad nacionales de acceder ilegalmente a datos de ciudadanos, incluidos periodistas y opositores políticos, si se confirma, es inaceptable», agregó la fuente.

«Saben que seguimos muy de cerca la situación en Grecia, así como en otros Estados miembros. Hemos estado vigilando el uso de programas espía de forma más frecuente a través de otros medios, por ejemplo, en el Informe sobre el Estado de Derecho», comentó. Por otra parte, el funcionario comunitario añadió que el uso de programas espía «es uno de los temas abordados en el Informe 2022 sobre el Estado de Derecho, incluido el capítulo dedicado a Grecia».

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el vicepresidente de la CE, el griego, Margaritis Schinas -ambos pertenecientes a la misma familia política  que Mitsotakis (el PPE)- han guardado silencio sobre el «Watergate griego» hasta que los servicios secretos nacionales pincharon el teléfono del líder de la oposición socialista Nikos Androulakis.

El PPE no se ha posicionado en contra de los socialistas y demócratas (S&D), que han instado a que se produzca un cambio político urgente en Grecia.

Los Verdes y Renovar Europa también han condenado al gobierno griego por el caso.

Especialmente activa ha sido la eurodiputada de Renovar Europa Sophie in ‘t Veld, la cual ha pedido a la Comisión Europea que rompa su silencio y hable claro, mientras que su colega Giorgios Kyrtsos acusó al PPE de intentar «blanquear» al primer ministro griego por el escándalo de las escuchas telefónicas.

Editado por F.Heller