Sánchez acelera la respuesta a la crisis de Ceuta en medio de las críticas

MADRID – Casi un mes después de que 80.000 migrantes irrumpieran en Ceuta, agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han condenado la falta de directrices claras para hacer frente tanto a la crisis inicial como a los intentos posteriores.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, calificó la afluencia de julio al pequeño enclave español en el norte de África como una «violación de la integridad territorial de España» y desplegó al ejército en Ceuta. También se cerró la frontera de su otro enclave, Melilla.

Tras el incidente, que se produjo el 30 de julio, el presidente del Gobierno no declaró el estado de emergencia nacional, dejando que las autoridades locales se encargaran de la situación. El alcalde de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha pedido en repetidas ocasiones al Gobierno central español que intervenga, advirtiendo de que la ciudad está al borde del «colapso».

Consejo de Seguridad Nacional

Sánchez intervino finalmente el martes, después de tres semanas de vacaciones de verano. Convocó al Consejo de Seguridad Nacional, un órgano de gestión de crisis, y designó al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, como responsable de un organismo de reciente creación encargado de gestionar la crisis.

España también está colaborando con la Comisión Europea para poner en marcha los mecanismos de crisis de Frontex y del Pacto por las Migraciones, según declaró la ministra de Defensa, Margarita Robles, ante el Parlamento, dando marcha atrás respecto a las anteriores negativas de las autoridades españolas a solicitar ayuda de la UE.

La agitación política se ha extendido ahora al ámbito de la seguridad. A pesar del aumento de efectivos en la ciudad —con unos 1.500 agentes de Policía y de la Guardia Civil, además de unidades del ejército estacionadas de forma permanente en Ceuta—, las fuerzas de seguridad afirmaron que se encontraban sin directrices ni protocolos para hacer frente a la actual presión migratoria o a otra afluencia masiva.

Una zona gris operativa

Los agentes de policía necesitan «protocolos escritos, claros, coherentes y preestablecidos que definan cómo responder a las situaciones que se van desarrollando», declaró a Euractiv Ana Alarcón, portavoz del principal sindicato policial, el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Las directrices operativas generales ya existentes «no se traducen en normas de actuación precisas», afirmó.

Con unos 10.000 migrantes aún varados en una ciudad de tan solo 84.000 habitantes, las fuerzas de seguridad siguen sometidas a una intensa presión. Alarcón destacó las tensas condiciones en las que deben actuar los agentes; por ejemplo, los disturbios en los centros de acogida temporales pueden agravarse rápidamente.

Los agentes necesitan directrices claras, el respaldo de sus mandos y seguridad jurídica en cuanto a sus actuaciones, afirmó.

España ha evitado enfrentarse a Marruecos e incluso ha elogiado las «excelentes relaciones» entre ambos países, a pesar de que políticos españoles han advertido de que Rabat está utilizando la migración para ejercer presión política sobre Madrid.

Despliegue de fuerzas de seguridad

Ante las campañas en las redes sociales que promovían una nueva oleada de migrantes el 15 de agosto, Marruecos desplegó fuerzas de seguridad e impidió que cientos de personas entraran en Ceuta, en marcado contraste con lo ocurrido en julio.

Los agentes fronterizos sostienen que garantizar la seguridad de la única frontera terrestre de Europa con África requiere una estrategia clara, directrices y más personal por parte española, en lugar de depender de la voluntad de Marruecos para frenar los flujos migratorios.

«¿Cómo debemos actuar ante otra oleada?», preguntó Daniel Fernández, presidente de la Asociación Independiente de la Guardia Civil (IGC). «Da la sensación de que hay mucha improvisación: están arreglando las cosas sobre la marcha y enviando unidades de forma puntual. Si hay protocolos, nosotros no los conocemos… Actuamos interpretando la ley y aplicando el sentido común».

Domingo Medina, de la Asociación de Guardias Civiles Españoles (AEGC), afirmó que es «inaceptable» que los agentes de Ceuta se enfrenten a situaciones «extremadamente tensas» sin «certeza absoluta [sobre] los límites de su autoridad, qué recursos pueden utilizar ni qué apoyo recibirán para las decisiones que se ven obligados a tomar en cuestión de segundos».

Directrices claras y específicas

La AEGC lleva años reclamando directrices específicas, sobre todo después de que 10.000 migrantes entraran en Ceuta en 2021, cuando España permitió que el líder saharaui Brahim Gali fuera atendido en un hospital español, lo que provocó la ira de Rabat.

Diego Madrazo, de otro sindicato, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), afirmó que la falta de directrices claras ya era problemática antes de la oleada de migrantes. A finales de junio, una sentencia del Tribunal Supremo español prohibió la devolución forzosa de los migrantes que llegaran por mar a Ceuta y Melilla, una decisión que, según Madrid y Rabat, desencadenó la avalancha.

«La ley establece qué procedimiento se aplica, pero el agente que se encuentra en la costa a las 4 de la madrugada no está aplicando una sentencia del Tribunal Supremo, sino una orden práctica», advierte Madrazo, quien añade que las patrullas marítimas y terrestres recibieron órdenes hasta el 1 de agosto. «Treinta y tres días en la frontera más saturada de España, sin criterios escritos unificados».

Los agentes coinciden en que la situación es crítica. «Hay que poner en marcha un plan preventivo. Deben emitirse órdenes claras por escrito», afirma el guardia civil Medina. «No queremos volver a oír que una nueva afluencia masiva era imprevisible».

Los Ministerios de Defensa e Interior de España no respondieron a las solicitudes de comentarios de Euractiv.

(Editado por bw, mm, ow/Euractiv.com y Luis de Zubiaurre Wagner/Euractiv.com/es)