Amnistía Internacional señala que España no protegió "debidamente" a los menores migrantes en 2025
En su análisis sobre la situación en España, Amnistía Internacional también destaca que durante el pasado año "siguieron ejecutándose miles de desalojos, en su mayoría por motivos económicos". El informe recoge también la reforma legislativa dirigida a mejorar el acceso a atención sanitaria universal y la prohibición de las exportaciones de armas a Israel, pero afea que "persistieron las restricciones desproporcionadas del derecho de reunión pacífica".
Madrid (Servimedia) – Amnistía Internacional señala en su último informe, titulado ‘El estado de los derechos humanos en el mundo’, que España no protegió en 2025 «debidamente» a las personas menores migrantes no acompañadas.
Así se recoge en el informe en el que la entidad analiza a 144 países y ofrece su visión sobre las tendencias y la evolución de los derechos humanos en el mundo actual.
En su análisis sobre la situación en España, Amnistía Internacional también destaca que durante el pasado año «siguieron ejecutándose miles de desalojos, en su mayoría por motivos económicos».
El informe recoge también la reforma legislativa dirigida a mejorar el acceso a atención sanitaria universal y la prohibición de las exportaciones de armas a Israel, pero afea que «persistieron las restricciones desproporcionadas del derecho de reunión pacífica».
Amnistía Internacional hace referencia a los ataques a los derechos de las personas refugiadas y migrantes y destaca en este punto que en marzo del año pasado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía resolvió que la devolución a Marruecos de migrantes interceptados en el mar en torno al enclave de Ceuta sin garantías o sin el debido proceso era ilegal.
«La delegada del gobierno en la ciudad autónoma de Ceuta dijo que la sentencia no era firme, dando a entender la intención de desoírla o no aplicarla íntegramente hasta que lo fuera. En Canarias y Ceuta, los derechos de los menores refugiados y migrantes no acompañados estaban amenazados».
También destaca Amnistía Internacional la decisión del Tribunal Supremo, en marzo de 2025, de ordenar al gobierno central adoptar con urgencia medidas para mejorar las condiciones de acogida de más de 1.000 niños y niñas solicitantes de asilo.
«El incumplimiento conllevaría multas o incluso actuaciones penales contra las autoridades responsables. Al final del año, sólo 408 menores habían sido trasladados a centros de acogida estatales».
Y señala que «la Audiencia Provincial de Cádiz declaró a la exdelegada del gobierno en Ceuta y a la exvicepresidenta de la ciudad culpables de prevaricación administrativa al concluir que habían actuado de forma arbitraria y manifiestamente injusta en la repatriación acelerada de 55 menores no acompañados marroquíes sin que se hubieran realizado las evaluaciones individuales que exigía la ley».
Ay @forges, cuanto te echamos de menos! Aquí estamos sollozando.
Hoy lanzamos nuestro informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo 👉 https://t.co/sJ55kW9hqz
Vamos con un breve resumen: pic.twitter.com/RA5g6dL5Ka
— Amnistía Internacional España (@amnistiaespana) April 21, 2026
Torrepacheco
El informe recoge también el episodio que tuvo lugar en verano en Torre Pacheco, Murcia, tras la agresión a un hombre de 68 años. «Grupos antiderechos organizaron ‘cacerías de inmigrantes’ contra personas racializadas, especialmente las que percibían como norteafricanas».
Y señala que «los disturbios fueron amplificados por contenidos racistas en Internet, donde se observó un aumento de 1.500% de los discursos de odio contra la comunidad norteafricana entre el 6 y el 22 de julio».
También documenta el informe un ataque sufrido por «un restaurante de kebab» donde «unos 50 hombres cubiertos con cascos que empuñaban bates y palos, a pesar de que había presencia policial en las proximidades. El propietario tuvo que escapar por la puerta trasera».
Cambio climático
Amnistía Internacional señala también en su informe que «las autoridades incumplieron sus compromisos en materia de prevención y gestión del riesgo de inundaciones».
Tras la trágica dana que asoló principalmente Valencia en octubre 2024, «las autoridades se enfrentaron al escrutinio mediante investigaciones penales y parlamentarias dirigidas a determinar los hechos y la responsabilidad. Ni el gobierno de la Comunidad Valenciana ni el gobierno central cumplieron ciertos compromisos expuestos en los planes de reconstrucción elaborados tras el desastre, a saber, un plan local de prevención del riesgo de inundaciones y la reforma de la normativa nacional sobre la gestión del riesgo de inundaciones, respectivamente».
En este sentido, Amnistía Internacional pone el foco en que el gobierno valenciano aprobó la Ley 2/2025, de 15 de abril, de medidas urbanísticas urgentes «para favorecer las tareas de reconstrucción después de los daños producidos por la dana, que flexibilizaba las normas de planificación urbana y permitía construir en zonas inundables sin una evaluación de riesgos previa o adecuada».
El informe tampoco obvia los incendios que calcinaron el país el pasado verano. «España registró el peor año del que se tenía constancia en cuanto a incendios forestales, con más de 392.183 hectáreas de bosque, matorral y pastizal destruidas hasta el final de octubre, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales».
Y destaca que «como consecuencia del cambio climático inducido por la actividad humana, el país sufrió el verano más caluroso registrado hasta entonces, con una temperatura media de 24,2 °C en la España peninsular; 2,1 °C más alta que en el periodo de referencia, 1991-2020».
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(Editado por MAG/clc/Servimedia y Fernando Heller)
