Cómo aparecieron 100 construcciones ilegales en un bosque protegido de Bulgaria
El escándalo ha pasado de ser una disputa urbanística local a convertirse en una controversia política nacional, en la que se han visto envueltos ministros, servicios de seguridad, líderes de la oposición y se han planteado dudas sobre la influencia extranjera.
SOFÍA – La Comisión Europea está «siguiendo de cerca» un escándalo inmobiliario que ha dado lugar a múltiples investigaciones sobre más de 100 edificios construidos dentro de un espacio protegido de Natura 2000 cerca de la ciudad de Varna, en el mar Negro.
El caso Baba Alino ha acaparado los titulares búlgaros durante semanas, con nuevas acusaciones que surgen casi a diario. En el centro del asunto se encuentra una urbanización residencial construida por la empresa ucraniana KYB Corporation dentro del espacio de protección de la naturaleza situado entre Varna y el complejo turístico de las Arenas Doradas, en la costa búlgara del mar Negro.
Natura 2000 es la red insignia de la UE de espacios protegidos, designada para preservar hábitats y especies en peligro de extinción. Las autoridades búlgaras afirman que el proyecto se construyó sin permisos de construcción válidos y están investigando cómo las instituciones locales y nacionales no lo impidieron.
El escándalo ha pasado rápidamente de ser una disputa urbanística local a convertirse en una controversia política nacional, en la que se han visto envueltos ministros, servicios de seguridad, líderes de la oposición y se han planteado dudas sobre la influencia extranjera. La Comisión Europea confirmó a Euractiv que está al corriente de las acusaciones, pero que, por el momento, no va a tomar medidas.
«No hay ningún procedimiento de infracción en curso contra Bulgaria en relación con la aplicación de las normas de protección de la naturaleza», afirmó un portavoz, pero los Estados miembros «deben tomar medidas para restaurar y subsanar cualquier daño identificado en los espacios Natura 2000».
Una feroz confrontación política
El asunto ha avivado una feroz confrontación política en este país de los Balcanes orientales. Según la Fiscalía de Apelación de Varna, actualmente hay cuatro investigaciones en curso. Entre ellas se incluyen investigaciones sobre una supuesta negligencia oficial, la emisión de documentos potencialmente falsificados y las actuaciones de funcionarios públicos que podrían no haber intervenido a pesar de los años de actividad constructora.
El caso ha afectado a varios niveles del Gobierno. El ministro de Desarrollo Regional, Ivan Shishkov, ha acusado a las autoridades locales de permitir que el proyecto siguiera adelante sin control, mientras que el alcalde de Varna, Blagomir Kotsev, ha afirmado que los documentos clave relacionados con el proyecto son anteriores a su administración.
El escándalo también ha llegado a la oposición búlgara. El líder del partido conservador GERB y tres veces ex primer ministro, Boyko Borissov, ha sido acusado por sus oponentes políticos de tener una responsabilidad indirecta por las decisiones tomadas durante administraciones anteriores.
Mientras tanto, Delyan Peevski, líder del partido DPS-Nuevo Comienzo —un empresario sancionado tanto por Estados Unidos como por el Reino Unido por acusaciones de corrupción— ha tratado de distanciarse del asunto.
Dudas sobre el papel de los servicios de seguridad
También se han planteado dudas sobre el papel de los servicios de seguridad búlgaros tras las informaciones de que una prohibición de entrada impuesta anteriormente al inversor del proyecto fue revocada poco después.
El recién elegido primer ministro, Rumen Radev, ha calificado este cambio de rumbo de muy inusual, mientras que figuras de la oposición han pedido una mayor transparencia en el proceso de toma de decisiones. Por ahora, el nuevo Gobierno, que llegó al poder impulsado por una ola de indignación ante la corrupción arraigada, no se ha visto salpicado por el escándalo, que se considera una herencia podrida.
El proyecto fue desarrollado por KYB Corporation, una empresa vinculada al empresario Oleg Nevzorov, con sede en Odesa. Las investigaciones de los medios de comunicación búlgaros y ucranianos han puesto de relieve las actividades empresariales de Nevzorov en ambos países.
Varios de sus proyectos inmobiliarios en la región de Odesa fueron examinados anteriormente por la fiscalía ucraniana como parte de las investigaciones sobre presuntas irregularidades financieras. Los medios de comunicación ucranianos informaron de incautaciones de activos relacionadas con esas investigaciones, aunque ninguna sentencia judicial definitiva ha establecido la comisión de delitos.
Flujos financieros ilícitos y redes de influencia rusas
La cadena pública búlgara BNT también ha informado sobre vínculos entre organizaciones asociadas a Nevzorov y personas relacionadas con antiguas figuras políticas ucranianas consideradas prorrusas. Los expertos en seguridad entrevistados por la cadena argumentaron que estas conexiones merecen un examen más detallado, especialmente dada la preocupación por los flujos financieros ilícitos y las redes de influencia rusas en la región.
Las acusaciones siguen siendo objeto de controversia, y ninguna autoridad búlgara ha acusado públicamente a Nevzorov de actuar en nombre de intereses extranjeros.
KYB rechaza las acusaciones de que la promoción fuera ilegal. En una declaración reciente, la empresa argumentó que el terreno ya había sido destinado a la construcción residencial según los documentos de planificación vigentes y afirmó que defendería su posición por la vía legal en lugar de a través de disputas públicas.
Se esperan órdenes de demolición
Las autoridades se centran ahora en cómo abordar el daño medioambiental y en si los edificios pueden permanecer en pie. Las autoridades de Varna han indicado que podrían dictarse órdenes de demolición una vez que concluyan las investigaciones en curso. La fiscalía también está examinando la validez de los documentos utilizados para registrar los derechos de propiedad y obtener las autorizaciones administrativas para partes del proyecto.
El caso se ha convertido en una prueba de la capacidad de Bulgaria para hacer cumplir las normas medioambientales, exigir responsabilidades a los funcionarios públicos y demostrar que los inversores con conexiones políticas no pueden actuar por encima de la ley.
Con las investigaciones en curso y nuevas revelaciones que surgen casi a diario, el caso Baba Alino no parece que vaya a desaparecer de las portadas de los medios búlgaros en un futuro próximo.
(Editado por cs, rh, ow/Euractiv.com y Luis de Zubiaurre Wagner/Euractiv.com/es)
