Cuerpo comparece el jueves en el Congreso para informar de los avances del Plan de Recuperación de la UE

La comparecencia de Cuerpo se produce a petición propia, como establece el real decreto de aprobación de las medidas del PRTR, que contempla la rendición de cuentas de forma trimestral.

La última vez que el ministro de Economía pasó por esta Comisión fue el 17 de diciembre, cuando presentó la adenda al PRTR. El Gobierno la había aprobado una semana antes con el fin de simplificar y reducir las cargas administrativas del Plan, y actualizar 160 medidas vinculadas a él. Con esta simplificación, el Ejecutivo buscaba asegurarse la llegada de los 47.000 millones de euros restantes de los fondos europeos a lo largo de este año.

Esa adenda también contemplaba una reducción de la previsión de endeudamiento en 22.800 millones de euros en la parte de préstamos del PRTR, ya que el Gobierno optó por financiarse en los mercados, donde el coste resultaba ya más barato que el ofrecido por la Comisión.

En la Comisión Mixta de diciembre, la adenda todavía estaba a la espera de recibir la valoración positiva de la Comisión Europea. En esta, ya cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea y del Ecofin.

Además, entre ambas fechas, el Gobierno ha pedido a Bruselas el desembolso de 7.265 millones de euros correspondientes al sexto y penúltimo pago. De esa cantidad, 6.205 millones corresponden a transferencias y 1.051 millones a préstamos. En términos netos, asciende a 6.467 millones.

Esa solicitud estaba asociada al cumplimiento de 78 hitos y objetivos, 69 de ellos correspondientes a transferencias no reembolsables y nueve de préstamos. Junto con esa solicitud, el Gobierno también pidió el pago de los fondos retenidos por la Comisión en relación con el hito 167, relativo a la digitalización de las entidades regionales y locales, y aportó nuevas evidencias sobre la ejecución del hito vinculado a las reformas fiscales.

La Comisión ya ha desembolsado a España 55.000 millones de euros correspondientes a cinco pagos, pero tiene congelados más de 1.100 millones por el incumplimiento de los hitos del impuesto al diésel y de la reducción de la temporalidad en la Función Pública.

Esta semana, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideró que las medidas previstas en España para sancionar la temporalidad abusiva en el sector público no resultaban conformes con el Derecho de la Unión Europea. Tras conocerse la sentencia, el Gobierno aseguró que había cumplido con el compromiso adquirido con Bruselas de estabilizar a 300.000 trabajadores temporales.

Últimos desembolsos

España, como el resto de los países de la Unión Europea (UE), afronta este año la recta final para cumplir con los hitos pendientes y acceder a la totalidad de los fondos europeos, que expiran este 2026.

El Gobierno espera que Bruselas efectúe el sexto pago a lo largo del segundo semestre. Cuando eso se produzca, España habrá recibido cerca de 60.511 millones de euros en transferencias y 17.283 millones en préstamos y habrá cumplido 343 hitos y objetivos, un 70% del total previsto.

El séptimo y último desembolso se producirá en agosto, para adecuarse a los plazos marcados por el PRTR. La expectativa es que esa última remesa de los fondos europeos llegue antes del final de 2026.

En total, España aspira a recibir a lo largo de 2026 los 47.000 millones de euros restantes para acceder al total de los 102.600 millones de euros procedentes de los fondos europeos.

De esos casi 103.000 millones, 79.900 millones se corresponderán con fondos no reembolsables y 22.700 millones con préstamos. En estos cinco años de vigencia del PRTR, España habrá recibido una inyección de dinero equivalente al 6% de su PIB.

Fondo España crece

La llegada del sexto desembolso también supondrá la puesta en marcha del Fondo España Crece, la apuesta del Gobierno para continuar con el impacto de los fondos europeos más allá de 2026.

El plan del Gobierno es dotar al fondo de una inyección de 10.500 millones de euros, procedentes del PRTR, y, por tanto, aparejados al cumplimiento de los hitos comprometidos con Bruselas. Esa cantidad servirá de base para movilizar 60.000 millones de manera directa y llegar hasta 120.000 millones de manera indirecta, con la entrada de otros actores tanto nacionales como internacionales.

La gestión correrá a cargo del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que se encargará de coinvertir con el sector privado mediante préstamos, acuerdos e instrumentos de capital.

Aunque el fondo priorizará los sectores que mejoren la productividad de la economía española, como la energía o la reindustrialización, la prioridad será la vivienda.

En su inicio, movilizará hasta 23.000 millones de euros para dinamizar la oferta de vivienda y para cerrar el déficit habitacional financiando la construcción de 15.000 viviendas al año.

El PP calificó la creación de este fondo de “humo y propaganda” y lo entienden como “una operación de última hora” para tratar de salvar los préstamos procedentes de los fondos Next Generation y evitar devolver más dinero a la Comisión Europea.

La oposición también criticó en diciembre la presentación de la adenda, y entendió esa decisión del Gobierno como una renuncia al dinero procedente de Europa. A juicio del PP, el Ejecutivo no había sido capaz de gestionar los fondos.

El PP registró a mediados de febrero 119 iniciativas parlamentarias para preguntar al Gobierno por la “pérdida de ambición” del PRTR. Esa batería estaba compuesta por 97 preguntas escritas, 21 solicitudes de comparecencia y una solicitud de informe.

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