Entre la espada y la pared: la lucha contra la inflación en Bulgaria llega al supermercado

SOFÍA – Menos de seis meses después de adoptar la moneda única de la UE, Bulgaria se encuentra con la tasa de inflación más alta de la zona del euro, y un nuevo Gobierno que intenta demostrar que puede controlar los precios de los alimentos sin imponer controles.

Bulgaria adoptó el euro el 1 de enero de 2026, y los temores a una subida vertiginosa de los precios no han hecho más que intensificarse a medida que la inflación se aceleraba, lo que ha sometido al primer ministro búlgaro, Rumen Radev, a una presión directa al asumir el cargo con un mandato claro: hacer algo con respecto a los precios de los alimentos.

El índice de precios al consumo del país alcanzó el 6,8 % en abril, lo que supone una fuerte aceleración con respecto al 4,1 % del mes anterior: la cifra interanual más alta desde agosto de 2023 entre los miembros de la zona del euro.

Entre los productos alimenticios, los tomates subieron un 28,8 %, los pimientos un 24,8 % y el repollo un 18,3 % en comparación con el año anterior.

Prioridad del Gobierno

En sus primeras declaraciones públicas como primer ministro, Radev se comprometió a no imponer límites máximos a los precios, sino a utilizar «todas las herramientas de la economía de mercado» para frenar la inflación, incluyendo una supervisión más estricta de los minoristas y sanciones más severas para los aumentos de precios injustificados.

El paquete legislativo, presentado por los diputados de Bulgaria Progresista —partido populista de izquierdas de Radev— tres días después de que el Gobierno tomara posesión, sigue dos vías.

En primer lugar, las enmiendas a la Ley de Protección del Consumidor de Bulgaria exigirían a los grandes minoristas demostrar que los aumentos de precios están vinculados a factores económicos objetivos y no a la especulación, al tiempo que se introduciría un indicador de «precio justo». Las multas oscilarían entre 1.000 y 10.000 euros para las personas físicas y entre 10.000 y 100.000 euros para los minoristas.

Por otra parte, los cambios en la legislación ampliarían la lista de prácticas comerciales desleales prohibidas de 13 a 33, y reforzarían las competencias de investigación de la Comisión Nacional Antimonopolio.

Ambos proyectos de ley superaron su primera lectura parlamentaria en mayo. Con 131 escaños en un parlamento de 240 miembros, se espera que el Gobierno consiga la aprobación definitiva antes de que las medidas entren en vigor en agosto por un período de un año.

Una mayor transparencia en vez de regulación directa de los precios

Las autoridades insisten en que el objetivo no es la regulación directa de los precios, sino una mayor transparencia y una aplicación más estricta de la ley contra las prácticas desleales. Radev afirmó que el marco se inspiró en parte en la legislación alemana centrada en la transparencia de los precios y la supervisión de la competencia.

En Sofía, los proyectos de ley suscitaron inmediatamente críticas por parte de los sindicatos y las asociaciones empresariales, que afirmaron que no se les había dado tiempo suficiente para analizar las propuestas. Las organizaciones patronales se abstuvieron de dar su apoyo y advirtieron contra una mayor regulación y una mayor injerencia del Estado en los mecanismos de mercado.

El líder de la oposición y exministro de Finanzas, Asen Vassilev, argumentó a principios de este mes que las medidas podrían acabar provocando un aumento de los precios, señalando que intervenciones similares durante los preparativos de Bulgaria para la transición al euro no habían logrado contener los costes.

Acuerdos anticompetitivos entre las principales cadenas minoristas

La Comisión de Protección de la Competencia de Bulgaria declaró en febrero que no había encontrado pruebas de acuerdos anticompetitivos entre las principales cadenas minoristas, lo que plantea dudas sobre a qué se dirige exactamente la nueva legislación.

Dimitar Sabev, del Instituto de Investigación Económica de la Academia Búlgara de Ciencias, también cuestionó algunas partes del paquete de medidas. «Algunos de los cambios propuestos a la ley de competencia benefician a los grandes productores búlgaros en sus constantes disputas con las cadenas minoristas», afirmó, advirtiendo de que, en última instancia, los minoristas podrían repercutir los costes a los consumidores.

Por su parte, Lyubomir Datsov, exviceministro de Hacienda, argumentó que el Gobierno estaba equiparando los altos precios de los alimentos con la inflación en general. «La inflación de Bulgaria no está impulsada por el euro; si así fuera, no sería muchas veces superior a la media de la zona del euro», señaló Datsov.

El rápido crecimiento de los salarios supera a la productividad

En cambio, señaló que el rápido crecimiento de los salarios, que supera a la productividad, y los persistentes déficits presupuestarios están impulsando la demanda interna.

«Para controlar la dinámica de los precios, se necesita una política fiscal restrictiva», afirmó, argumentando que el déficit debería reducirse hasta situarse en torno al 1 % del PIB. «Las medidas propuestas por el nuevo Gobierno no abordan en absoluto la dinámica de los precios».

El historial de Europa en materia de intervenciones en los precios ofrece pocas garantías. En los casos en que han intervenido los Gobiernos, las medidas a menudo han trasladado los costes a otros ámbitos, han suscitado preocupaciones legales en Bruselas o se han desvanecido sin dejar un impacto duradero.

Hungría fue el país que más lejos llegó, al introducir en 2025 un límite del 10 % en los márgenes de beneficio al por menor para 30 productos alimenticios básicos. Posteriormente, la Comisión Europea impugnó la medida, alegando que discriminaba a los minoristas extranjeros y violaba las normas del mercado único.

Rumanía y Grecia adoptaron enfoques más moderados

Rumanía y Grecia adoptaron enfoques más moderados. Bucarest limitó los márgenes de beneficio en distintos eslabones de la cadena de suministro, mientras que Atenas restringió temporalmente los descuentos en productos que habían experimentado recientemente subidas de precios, lo que llevó a algunos minoristas a evitar por completo los aumentos para preservar la flexibilidad promocional.

Por lo tanto, Bulgaria no es el primer Gobierno europeo en recurrir a la regulación de los precios de los alimentos, pero, como miembro más reciente de la zona del euro —y actualmente la economía con mayor inflación del bloque—, hay mucho en juego.

Es probable que el Gobierno cuente con los votos necesarios para aprobar la legislación. Sin embargo, la gran pregunta es si podrá reducir los precios en caja.

Maria Simon Arboleas ha colaborado en la elaboración de este reportaje.

(Editado por adm, cs, bw/Euractiv.com y Luis de Zubiaurre Wagner/Euractiv.com/es)