Los planes de contratación pública de la UE reavivan el debate sobre la «preferencia europea»

La Comisión Europea está a punto de dar a conocer nuevas normas de contratación pública, pero sigue sin resolverse una cuestión que lleva mucho tiempo desconcertando a los responsables de la política económica en Bruselas: ¿debería Europa dar prioridad a la compra de productos europeos y, en caso afirmativo, cómo?

Se trata de un debate que va al meollo de la cuestión: ¿dónde quiere posicionarse Europa —un bloque construido sobre la base de la eliminación de las barreras comerciales— en un mundo en el que las superpotencias las están reconstruyendo cada vez más?

Actualmente, el debate parece inclinarse a favor de lo que se conoce como «preferencia europea».

«Todo el mundo se ha vuelto más francés», declaró Zach Meyers, del centro de estudios con sede en Bruselas Centre on Regulation in Europe (CERRE), a Euractiv, refiriéndose a la postura que Francia mantiene desde hace tiempo a favor de la compra de productos europeos.

Este nuevo entusiasmo se está reflejando ahora en varias propuestas normativas. El comisario de Mercado Interior de la UE, Stéphane Séjourné, presentará una de ellas, una nueva Ley de Contratación Pública, este miércoles.

China, China, China

Aunque no se la menciona por su nombre, China parece ser el objetivo claro de la nueva propuesta sobre contratación pública.

El borrador, que aún podría sufrir cambios antes de su publicación, incluye disposiciones destinadas a frenar las «dependencias estratégicas perjudiciales de la UE respecto a proveedores de terceros países». También exige «reciprocidad» en el acceso al mercado y anima a las capitales de la UE a obligar a los licitadores a «justificar» los precios anormalmente bajos.

Bruselas ha acusado en repetidas ocasiones a Pekín de imponer barreras comerciales desleales y de ofrecer precios más bajos que los de las empresas de la UE.

Es revelador que el borrador también sugiera que su principio de «preferencia europea» no se aplicará, en general, a los signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio —que incluye a EE. UU., pero no a China—.

Cuotas europeas

Al margen de la nueva propuesta sobre contratación pública, el ejecutivo de la UE está intentando salvaguardar las asociaciones comerciales en el marco de su Ley de Aceleración Industrial, que establece cuotas europeas o requisitos de contenido local en las compras públicas de aluminio, cemento y diversos productos de tecnologías limpias.

El proyecto de ley de reindustrialización considera que los productos fabricados por socios comerciales que no discriminen a los productores de la UE son equivalentes a los fabricados en Europa, siempre que se apliquen acuerdos específicos de libre comercio o de contratación pública.

Esto ha desencadenado la polémica entre las capitales, con Francia abogando por normas más estrictas y Alemania defendiendo la postura de la Comisión. Los legisladores que lideran el expediente han propuesto volver a un mecanismo de «opt-in» basado en criterios estrictos.

Existen propuestas adicionales específicas para el sector tecnológico. Se espera que una propuesta de ley sobre la nube soberana asigne a las empresas de la UE una cuota de mercado de entre el 1 % y el 10 %.

Cambiar de proveedores

La Comisión también parece apostar por normas del lado de la demanda para impulsar la tecnología de desarrollo propio y animar a los actores privados a cambiar de proveedores de nube estadounidenses a europeos. Las normas actualizadas de la Comisión sobre chips siguen el mismo razonamiento.

En el ámbito de las telecomunicaciones, por su parte, la Comisión está tratando de presionar a los operadores para que dejen de comprar antenas de radio chinas y utilicen, en su lugar, equipos de la sueca Ericsson y la finlandesa Nokia.

A la pila de propuestas relacionadas se suma la Ley de Innovación, la pequeña hermana de las poderosas leyes industriales, que tiene como objetivo abrir una nueva vía para que los organismos públicos puedan encargar el desarrollo de productos que aún no están fácilmente disponibles.

Un borrador obtenido por Euractiv muestra que también en este ámbito existe una preferencia europea.

Solo podrán optar a las ayudas las empresas de la UE o de países con los que la UE tenga acuerdos específicos de contratación pública en materia de innovación. Los organismos públicos pueden optar por comprar a países con los que la UE tenga acuerdos más generales si no encuentran licitadores locales o si ello les supondría un recargo del 20 %.

«Práctica destructiva»

Pero mientras Bruselas impulsa estas medidas a nivel de la UE, Marko Turudić, profesor de la Universidad de Zagreb, señala una tendencia que podría socavarlas. La UE quiere comprar productos europeos, pero algunas capitales también están empezando a discriminar los bienes o servicios procedentes de otros países de la UE, declaró a Euractiv.

«Esta práctica destructiva está ganando terreno en muchos Estados miembros», afirmó. «Tiene un efecto perjudicial sobre el mercado interior y debe abordarse en la próxima legislación».

(Editado por cm, aw/Euractiv.com y Luis de Zubiaurre Wagner/Euractiv.com/es)