El Gobierno acusa al PP de boicotear la regularización de migrantes y denuncia “trabas” municipales

Así lo dijo en una entrevista en La 1 de TVE recogida por Servimedia en la que mostró su preocupación por las trabas que puedan poner los ayuntamientos gobernados por el PP en la tramitación de la regularización y dijo que el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo está “solo” en ese boicot al proceso.

Los obstáculos a los que se refirió Saiz son las dificultades o la no elaboración de certificados de vulnerabilidad -exigidos en el proceso solo a algunos solicitantes- por parte de Servicios Sociales públicos que dependen de administraciones ideológicamente contrarias al Gobierno.

Así, la ministra dijo que este bloqueo “no es de recibo” y aseguró que estas trabas “no son al Gobierno”, sino a los migrantes solicitantes de la regularización, y el PP da así “la espalda a miles de ciudadanos”. También defendió que la Administración pública está preparada para el proceso porque está “absolutamente dimensionado” y aseguró que, de momento, “discurre con normalidad”.

En cuanto a la crítica de la oposición sobre que la regularización de migrantes genera un ‘efecto llamada’, Saiz negó esta idea y la calificó de “otra desinformación más del PP”. Explicó que en estos primeros días de proceso, muchas solicitudes están siendo individuales, es decir, de migrantes que ya tenían certificados digitales o que habían caído en “irregularidad sobrevenida” tras haber trabajado legalmente.

Sobre la posible mayor presión sobre los servicios públicos que provocaría la regularización, Saiz defendió que estas personas “ya viven aquí” y ya “usan los servicios públicos”. En su caso, sobre la relación entre migración y delincuencia que hacen Vox y el PP al criticar esta medida, Elma Saiz rechazó “de plano este marco” y recordó que el procedimiento exige carecer de antecedentes penales y no suponer riesgo para el orden público, la seguridad o la salud pública.

En cuanto al abordaje de la regularización en lo que a los menores de edad se refiere, Saiz defendió que este proceso tiene una “mirada prioritaria” en los menores, y que los permisos vinculados a esta situación serán de cinco años.

Tras ser preguntada por qué sucedería con los jóvenes migrantes que figuran como menores, pero la Fiscalía considera mayores de edad y quedan en un limbo, la ministra señaló que eso casos serán analizados “individualmente”, contando con la labor de la Fiscalía, sin dar por hecho una exclusión automática del procedimiento.

En cuanto a posibles reticencias o críticas desde la Unión Europea a la regularización, Saiz negó que las haya habido y aseguró que esta idea es una “inventiva del Partido Popular” y que ningún líder europeo cuestionó el procedimiento. Finalmente, Saiz defendió que este proceso es una “pieza más” de la política migratoria y negó que sea un parche a un problema estructural del sistema de extranjería.

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