La Comisión Europea insta a España a eliminar la discriminación para los interinos del sector público
España, que dispone ahora de dos meses para responder a este dictamen y adoptar las medidas necesarias. De no hacerlo, la Comisión podría optar por remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Otro dictamen motivado relacionado con este asunto hace referencia al uso abusivo de los contratos temporales en el sector público. La Comisión hace este llamamiento por no brindar una protección suficiente contra dicho uso abusivo.
Bruselas/Madrid (Servimedia) – La Comisión Europea ha emitido un paquete de procedimientos de infracción contra España que contiene un dictamen motivado por las condiciones laborales menos favorables para los interinos del sector público frente a los fijos.
Según informó la Comisión este miércoles, el dictamen se debe a que España no ha adaptado plenamente su legislación nacional a la directiva sobre el trabajo de duración determinada, que prohíbe la discriminación de los trabajadores con contrato de duración determinada.
El derecho español contiene condiciones laborales menos favorables para los trabajadores con un contrato de duración determinada que trabajan en el sector público español en comparación con los trabajadores fijos y, según la Comisión, esto constituye una discriminación contraria al derecho de la Unión.
España, que dispone ahora de dos meses para responder a este dictamen y adoptar las medidas necesarias. De no hacerlo, la Comisión podría optar por remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Otro dictamen motivado relacionado con este asunto hace referencia al uso abusivo de los contratos temporales en el sector público. La Comisión hace este llamamiento por no brindar una protección suficiente contra dicho uso abusivo.
Por otra parte, en materia fiscal, la Comisión insta a España a que ponga fin a la imposición discriminatoria de las viviendas de contribuyentes no residentes que trabajan y residen habitualmente en España, ya que los que sí son residentes disfrutan de exención fiscal.
En cuanto a estabilidad financiera, la Comisión emite un dictamen motivado contra España para que transponga las modificaciones de la cuarta directiva contra el blanqueo de capitales y complete la aplicación de otras medidas introducidas por el Reglamento relativo a las transferencias de fondos, y también le pide que trasponga la directiva ómnibus relativa al punto de acceso único europeo (PAUE) para garantizar el acceso de los inversores a la información pública de las empresas.
En justicia, insta a España a que proteja el interés colectivo de los consumidores mediante acciones de representación de la UE, ya que no ha incorporado plenamente a su ordenamiento jurídico interno la directiva al respecto, que faculta a las organizaciones de consumidores para solicitar medidas resarcitorias.
Por otra parte, lleva a España ante el TJUE por dos asuntos: incumplir la directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas y no transponer la directiva sobre resiliencia de las entidades críticas (REC).
Por último, envía una carta de emplazamiento para que cumpla la sentencia del Tribunal sobre la morosidad. Con arreglo al derecho español, las condiciones de pago de los bienes de consumo pueden prolongarse sistemáticamente más allá de 60 días, a veces más de 120 días, una práctica que parece incoherente con la sentencia del Tribunal.
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(Editado por MMR/clc/Servimedia y Fernando Heller)
