La televisión y la radio públicas checas están en el punto de mira del Gobierno
Se podrían perder entre 450 y 700 puestos de trabajo debido a los recortes presupuestarios en la televisión y la radio checas. La Comisión Europea ha confirmado que está siguiendo de cerca la situación.
PRAGA – Aumenta la oposición al plan del Gobierno de suprimir el vigente sistema de canon de radiodifusión con el fin de que los medios de comunicación públicos pasen a financiarse directamente con fondos estatales, lo que supondría importantes recortes en sus presupuestos.
El presidente checo, Petr Pavel, se reunirá este martes con el ministro de Cultura, Oto Klempíř, ante el creciente rechazo que suscita la propuesta aprobada por el Consejo de Ministros del primer ministro populista de derecha, Andrej Babiš, que, según advierten los críticos, podría infringir la normativa de la UE en materia de medios de comunicación al sustituir un modelo de financiación independiente por asignaciones presupuestarias estatales anuales.
La reforma ya ha desencadenado una huelga de advertencia de 24 horas por parte de los empleados de la Televisión Checa y la Radio Checa, ha suscitado críticas de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y ha avivado las acusaciones de que Praga está socavando la independencia de los medios de comunicación.
«La propuesta es absolutamente escandalosa», declaró el director general de la Televisión Checa, Hynek Chudárek, cuando el Gobierno dio a conocer la reforma a mediados de junio. «Es casi una liquidación», añadió.
Desde entonces, los partidos de la oposición, los expertos en medios de comunicación, la UER y ahora el presidente Pavel han advertido de que la reforma podría debilitar de forma fundamental la Televisión Checa y la Radio Checa, las organizaciones informativas que gozan de mayor confianza en el país.
Cientos de puestos de trabajo en juego
Según la propuesta, el canon se suprimiría a partir de enero de 2027 y se sustituiría por asignaciones anuales con cargo al presupuesto estatal. La Televisión Checa recibiría unos 237 millones de euros, mientras que la Radio Checa recibiría unos 85 millones de euros, lo que supone en conjunto aproximadamente 58 millones de euros menos que sus ingresos combinados actuales.
«Esto supondrá importantes recortes no solo en la administración y las operaciones, sino sobre todo para los oyentes, en la producción y emisión de programas», advirtió el director de la Radio Checa, René Zavoral.
Las emisoras afirmaron que los recortes afectarían a la programación regional, a los contenidos infantiles, a las nuevas producciones y a su red de corresponsales en el extranjero. En conjunto, estiman que podrían perderse entre 450 y 700 puestos de trabajo.
El Gobierno rechaza estas afirmaciones e insiste en que la reforma solo modifica el mecanismo de financiación, no la independencia editorial ni la misión de servicio público de las emisoras.
«Queremos que ahorren dinero, y no lo están haciendo», afirmó Babiš tras la aprobación de la propuesta por parte del Consejo de Ministros. Rechazó las acusaciones de que el Gobierno está atacando al periodismo independiente y añadió: «Créanme, no tengo nada en contra de los medios de comunicación de servicio público».
El ministro Klempíř ha argumentado de forma similar, en el sentido de que la reforma se refiere a la financiación y no a la independencia editorial. También ha desestimado las sugerencias de que el Gobierno pretenda ampliar la supervisión política de los contenidos mediáticos, a pesar de los llamamientos de algunos diputados de la coalición a favor de un control más estricto.
Cumplimiento de la legislación de la UE
Los expertos en medios de comunicación advierten de que la propuesta podría entrar en conflicto con la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA).
«La EMFA exige que la financiación de los medios de comunicación de servicio público sea adecuada, previsible, sostenible y esté diseñada para garantizar la independencia», afirmó la socióloga checa especializada en medios de comunicación Marína Urbaniková. «El marco jurídico propuesto plantea dudas en relación con los cuatro criterios».
También criticó el mecanismo de ajuste a la inflación propuesto, según el cual la financiación solo aumentaría una vez que la inflación acumulada superara el 10 %. «El valor real del presupuesto se irá erosionando progresivamente», advirtió.
La UER subrayó asimismo que, si bien existen diferentes modelos de financiación que pueden ajustarse a la legislación europea, cualquier reforma debe garantizar una financiación «adecuada, estable y predecible», respaldada por «garantías sólidas y vinculantes para la independencia editorial».
En cambio, señaló que la propuesta checa combina importantes recortes presupuestarios en términos reales con una consulta insuficiente, un plazo limitado para el debate público y protecciones inadecuadas frente a futuras influencias políticas en las decisiones de financiación.
El presidente Pavel expresa su preocupación
Antes de la reunión del martes con Klempíř, Pavel ha cuestionado en repetidas ocasiones tanto el fondo de la reforma como la rapidez con la que se está llevando a cabo.
Ha advertido de que los cambios podrían socavar la estabilidad financiera de las emisoras públicas, obstaculizar la planificación a largo plazo y erosionar instituciones construidas a lo largo de décadas.
Los políticos de la oposición comparan cada vez más el enfoque del Gobierno con los acontecimientos en Eslovaquia y Hungría. El exministro de Cultura conservador Martin Baxa advirtió de que el país se encamina por la «vía eslovaca», mientras que el líder del partido proeuropeo TOP 09, Matěj Ondřej Havel, acusó al Gobierno de seguir un guion político ya conocido.
Eslovaquia suprimió el canon de radiodifusión en 2023, sustituyéndolo por financiación estatal directa. Tras volver al poder, el Gobierno de Robert Fico recortó la financiación garantizada a la cadena y sustituyó a la cadena pública RTVS por la nueva STVR, reformas que han sido objeto de escrutinio por parte de la Comisión Europea y de organizaciones defensoras de la libertad de prensa en cuanto a su compatibilidad con la legislación de la UE.
«Primero quitan más de mil millones de coronas a la Televisión Checa y a la Radio Checa, luego hablarán de programas cancelados y de una reducción de la programación, y lo presentarán como prueba de que las instituciones no funcionan», declaró Havel al sitio web de noticias checo iDnes. «Es un viejo método político: primero se deja morir de hambre a la institución y luego se le da el golpe de gracia».
Impugnarlo ante el Tribunal Constitucional
El proyecto de ley aún debe ser aprobado por ambas cámaras del Parlamento antes de llegar al presidente Pavel para su firma. Los partidos de la oposición se han comprometido a luchar contra él a lo largo de todo el proceso legislativo y, si es necesario, a impugnarlo ante el Tribunal Constitucional.
«Nos vamos a las barricadas», declaró František Talíř, presidente de la oposición en la comisión de medios de comunicación del Parlamento checo. No obstante, el Gobierno parece contar con la mayoría parlamentaria necesaria para garantizar la aprobación del proyecto de ley.
La Comisión Europea ha confirmado que está siguiendo de cerca la situación, pero ha señalado que la legislación aún no ha sido aprobada.
(Editado por cs, bw/Euractiv.com y Luis de Zubiaurre Wagner/Euractiv.com/es)
