Aumenta el debate sobre la inclusión de los grupos de presión en los informes de gobernanza
En un nuevo estudio que rastrea los informes corporativos, la ONG "The Good Lobby" afirma que los datos sobre los grupos de presión no se divulgan en su totalidad, lo que da una "imagen falsa" de la sostenibilidad de las empresas.
Bruselas (Euractiv.com/.es) – La ONG «The Good Lobby» afirma en un nuevo informe que los grupos de presión contra las políticas medioambientales deberían incluirse en los reportes sociales y de gobernanza de las empresas, aunque no todo el mundo en Bruselas coincide con esa visión.
Las calificaciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) informan a los inversores que quieren invertir en empresas sostenibles, pero en un nuevo estudio de la ONG The Good Lobby se afirma que los reportes ESG no ofrecen una imagen completa si no tienen en cuenta los esfuerzos de «lobby» de las empresas.
La ONG asegura que la mayoría de las iniciativas ESG a las que hace seguimiento pasan por alto el papel de las actividades empresariales en la configuración de las políticas públicas y alerta de cómo eso repercute en sus resultados generales en materia de sostenibilidad.
Según Alberto Alemanno, fundador de la ONG, aunque una empresa obtenga una buena puntuación en las medidas medioambientales y sociales, también puede boicotear los avances en esas mismas cuestiones a nivel legislativo.
El estudio de la ONG explica que eso ocurre porque los proveedores de datos ESG no cotejan ni presentan los datos sobre la actividad de «lobby» de forma completa y transparente, y que esa actividad de «cabildeo» debería convertirse en un componente necesario en las normas voluntarias y reguladas de información corporativa.
Pero no todo el mundo está de acuerdo con ese enfoque.
La directora ejecutiva de la consultora ESG Systemic, Sofia Santos, explica a Euractiv que existe un límite a las peticiones de informes obligatorios que la regulación puede hacer para «obligar» a las empresas a ser coherentes, abiertas y verdaderamente transparentes sobre sus intenciones.
«Siempre hay una forma de eludir los problemas», asegura Santos.
Aunque la experta coincide en que «las calificaciones ESG son opacas», cree que las normas contra el «lavado verde», como las que negocia actualmente la UE, ofrecen una solución mejor y obligarán a las empresas a ser más transparentes.
[Editado por Donagh Cagney/Alice Taylor-Braçe y Fernando Heller]
